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SAN JUAN, Puerto Rico.— Puerto Rico entró el viernes en una nueva era financiera luego de caer en un histórico impago de su deuda mientras se prepara para la implementación de una junta federal de supervisión que tendrá control de las endebles finanzas de la isla, a la vez que le dará margen de maniobra para reducir la carga de su aplastante deuda.
El gobierno pagó cerca de la mitad de los 2.000 millones de dólares que vencían el viernes, pero dijo que no tenía dinero para pagar 779 millones de dólares en bonos de obligación general a los que se les da prioridad de acuerdo con la constitución de la isla.
El gobernador Alejandro García Padilla firmó el jueves una orden ejecutiva que declaró una moratoria sobre una porción de esa deuda. “Si yo cerrara el gobierno, aun así no daba para pagar”, dijo García el viernes en conferencia de prensa.
Un proyecto de ley para que la isla reestructure su deuda, firmado el jueves por el presidente Barack Obama, significa que “ahora Puerto Rico se gobierna como los países adultos, responsablemente, que gastan sólo lo que pueden gastar… Hoy el país empieza a ser de nuevo nuestro, y no de Wall Street”.
Puerto Rico tiene sólo 200 millones de dólares en la cuenta operativa de la que toma dinero para pagar los bonos de obligación general, de acuerdo con el Banco Gubernamental de Fomento, que supervisa las transacciones de deuda de la isla.
El banco opera bajo estado de emergencia, el cual le permite retirar fondos sólo para servicios públicos esenciales.
El banco advirtió el viernes que el gobierno implementará “medidas extraordinarias de liquidez” en los próximos seis meses, entre ellas aplazar pagos a proveedores, así como las contribuciones especiales al atribulado sistema de retiro, a fin de seguir pagando servicios esenciales.
Pese a esas medidas, se prevé que los ingresos en la cuenta operativa bajen a menos de 95 millones de dólares próximamente, una cantidad que el banco describió como “peligrosamente baja”. Grace Santana, jefa de gabinete del gobernador, subrayó que el plan federal de rescate no cambia de inmediato la problemática situación financiera de la isla.
“La liquidez del gobierno sigue siendo delicada”, afirmó. Aunque el mercado esperaba el impago del viernes, afecta la credibilidad de la isla para hacer frente a una deuda pública de 70.000 millones de dólares, advirtió el economista José Villamil.
“Eso tiene unas consecuencias inmensas… El default es muy significativo, y probablemente quiere decir que Puerto Rico va a estar muchos, muchos años sin poder regresar al mercado”, agregó.
El plan de rescate federal protegerá temporalmente al territorio estadounidense de las demandas de los acreedores que buscan recuperar millones de dólares que invirtieron en bonos de Puerto Rico y que eran atractivos porque gozaban de triple exención de impuestos.
Los bonos de obligación general de Puerto Rico atrajeron a muchos inversionistas debido a que su reembolso estaba garantizado constitucionalmente.
García defendió la moratoria de la deuda, así como el estado de emergencia que impuso el jueves en cuatro agencias del gobierno, incluida la mayor universidad pública y un sistema de retiro al que se han recortado 40.000 millones de dólares. “Estamos haciendo lo que es correcto para Puerto Rico”, dijo el gobernador.
“Estas medidas son necesarias para la recuperación del país”, agregó. García tiene previsto firmar pronto un presupuesto equilibrado de 9.000 millones de dólares basado en parte en las proyecciones de ingresos que por primera vez en la historia de la isla fueron validados por una agencia independiente.
Proyecciones previas han distado de la realidad. García emitió sus declaraciones horas después de que Obama firmara una iniciativa bipartidista que entre otras cosas crea una junta de control federal para Puerto Rico que supervisará alguna reestructuración de la deuda y negociará con acreedores.
También permite a Puerto Rico reducir temporalmente el salario mínimo federal a algunos empleados jóvenes.
Obama destacó que hay trabajo difícil por hacer para sacar del bache a Puerto Rico. “Tenemos que continuar trabajando para idear cómo fomentamos el crecimiento y la sustentabilidad de largo plazo que son desesperadamente necesarios allá, pero el pueblo de Puerto Rico necesita saber que no están olvidados, que son parte de la familia estadounidense”, agregó.
La iniciativa dará al gobierno de la isla cierto respiro y le permitirá mantener los servicios esenciales, dijo Villamil. Sin embargo, la junta de control podría a la larga poner en marcha medidas de austeridad que a su vez devendrían en despidos en el gobierno y afectar los servicios, agregó.
La compañía de electricidad de Puerto Rico, que tiene una enorme deuda, quedó exenta el jueves de la puesta en marcha de la moratoria.
La empresa anunció que alcanzó un acuerdo separado con los acreedores para evitar un impago de 415 millones de dólares.
La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico dijo que los acreedores aceptaron comprar nuevos bonos por 264 millones de dólares como parte de un acuerdo. Esos acreedores poseen el 70% de la deuda de la agencia por 9.000 millones de dólares.
