San Juan.- El Gobierno de Puerto Rico comienza a partir de hoy a saldar el pago de vencimientos de deuda que cumplen en enero por valor de cientos de millones de dólares asfixiado por la falta de liquidez y a la espera de que el Congreso en Washington favorezca una reestructuración ordenada por ley.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, despejó el pasado miércoles la incógnita de qué iba a suceder al comienzo del nuevo año y anunció un impago selectivo de 37 millones de dólares del total de 757 millones en vencimientos de deuda que se cumplen en los primeros días del mes.
El jefe del Ejecutivo dejó claro además que se pagarán los cerca de 330 millones de dólares que vencen los próximos días de obligaciones generales del Estado Libre Asociado, que a diferencia de otros bonos cuentan con la particularidad de que su pago está garantizado por la Constitución local.
Analistas apuntaron que el Ejecutivo de San Juan escogió concretamente esos 37 millones de dólares por corresponderse con bonos cuyos propietarios tendrán mucha dificultad en recuperar su inversión por vía judicial por contar esas emisiones con escasa protección legal.
El anuncio de García Padilla apaciguó la incertidumbre que se cernía sobre Puerto Rico y el Ejecutivo, que no hizo sino cumplir con lo que el gobernador y otros altos funcionarios ya habían anunciado hace meses de que el pago de la deuda en su totalidad es inviable.
El gobernador se detuvo durante el anuncio del pasado miércoles en una explicación técnica para matizar -en varias ocasiones- que si parte de los pagos de enero se efectuarán es, simplemente, porque el dinero ya estaba previamente en poder de las entidades financieras encargadas de realizar los pagos.
García Padilla firmó el pasado 30 de noviembre una orden ejecutiva que establece que se interrumpiría, cuando fuera necesario, el envío de dinero destinado al pago de la deuda a las entidades encargadas del pago de los vencimientos.
“Me ha tocado a mí sopesar el riesgo que supone un impago general”, dijo el gobernador, tras explicar que si se pagará la parte más importante de los vencimientos de enero es para evitar males mayores como batallas legales que los acreedores ya habían anunciado si no se respetaban los pagos.
García Padilla justificó el impago de los 37 millones de dólares como una forma de poder atender los servicios mínimos a los ciudadanos y dejó claro que si tiene que elegir entre los acreedores y los puertorriqueños se decantará por sus compatriotas.
La situación en Puerto Rico es crítica y Hacienda hace malabarismos para mantener operativo el Gobierno mientras la economía sigue a la baja y sin la perspectiva de una recuperación de una crisis que dura ya más de 8 años y que ahora se solapa con el pago de una deuda de 72.000 millones de dólares.
La población ya comienza a sufrir las consecuencias y en los pasados días la paga navideña de miles de funcionarios solo llegó en el último minuto, ya con la amenaza de los policías de una huelga de “brazos” caídos si no llegaba a sus cuentas el popular “bono» navideño.
Los contribuyentes con ingresos más bajos esperan ansiosos todavía que Hacienda les pague los reintegros de sus declaraciones de la renta sobre ingresos del pasado año.
El anuncio de García Padilla dio cierta tranquilidad al aclarar que la gran mayoría de la deuda que vence a inicios de enero se pagará, aunque a largo plazo hay más de 70.000 millones de dólares en el aire.
Dejó un recado al Congreso estadounidense, al que señaló, en parte, como responsable de la actual situación por no favorecer una reestructuración ordenada de la deuda bajo normativa legal.
El Ejecutivo de San Juan quiere que el Congreso estadounidense permita que Puerto Rico, que es Estado Libre Asociado de EE.UU, permita que la isla se acoja al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, lo que permitiría una reestructuración ordenada de la deuda bajo supervisión judicial.
La presión del Gobierno puertorriqueño no ha servido de nada al toparse con la mayoría republicana en el Congreso en Washington, que apoya el deseo de los acreedores, principalmente estadounidenses, de que no se negocie para cobrar en su totalidad sus bonos.
Las festividades han impedido, de momento, que se conozca la reacción de los propietarios de los bonos que no se pagarán, aunque el Gobierno ha reconocido que se prepara para una batalla legal.
