«El río Sensunapan es un sitio sagrado para nuestras comunidades y es el sustento de la biodiversidad con la que hemos coexistido en el transcurso de miles de años», señalaron las organizaciones en un comunicado.
Exigieron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que cumpla con una serie de resoluciones dadas por un tribunal ambiental para «tutelar de forma efectiva los derechos ambientales y culturales».
También denunciaron y condenaron supuestas irregularidades en el marco de una consulta realizada por el MARN, dado que se realizó durante «los días de más vulnerabilidad» por la pandemia de la covid-19.
«Señalamos la impune vulneración a los derechos ambientales de las comunidades de Nahuizalco (oeste) provenientes del Ministerio de Medio Ambiente y la empresa privada», indica la misiva.
El 15 de octubre pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional en la que se reconoce como derecho humano el acceso al agua y su saneamiento.
De acuerdo con el medio local de investigación Gato Encerrado, el MARN rechazó este proyecto en 2014, pero la Administración de Nayib Bukele recibió una nueva solicitud para que avance el proyecto después de que el mandatario ordenó agilizar los permisos ambientales para «desentrampar los miles de millones de dólares en proyectos» en los primeros 100 días de su gobierno.
El mandatario sostuvo en julio de 2019 que no se refería a proyectos que «dañen el medio ambiente», sin explicar a qué tipo de obras se refería.
Los expertos prevén que el 80 % de país experimente estrés hídrico en 2022 por la reducción de las lluvias como efecto de la crisis climática.
Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por la crisis climática.