Santo Domingo.- Además de trabajar el duelo con la madre y los familiares de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, desde el punto de vista psicoemocional, el psiquiatra y psicoterapeuta José Miguel Gómez recomendó que orientadores conversen con los demás estudiantes para determinar si la menor fue víctima de maltrato, exclusión o daño emocional, psicológico o físico durante el paseo escolar.
Al referirse al caso de la menor que murió ahogada el 14 de noviembre en una piscina de la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión organizada por el Centro Educativo Leonardo Da Vinci, Gómez subrayó que este hecho debe servir de alerta a todos los colegios donde existan niños que, por su condición social, origen étnico, olor o estatus migratorio, podrían ser vulnerables a situaciones de exclusión o bullying.
“Todas esas problemáticas que se presentan dentro de una escuela deben abordarse con los demás niños y grupos a través de dinámicas que trabajen el concepto del bullying, los maltratos, la exclusión y la violencia hacia los migrantes”, expresó Gómez, exdirector del Hospital Psiquiátrico Padre Billini y escritor.
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El especialista enfatizó que estas son políticas de salud mental que deben implementar los centros educativos para fomentar la equidad en la diversidad y la inclusión en las diferencias, mediante programas multidisciplinarios e intersectoriales dirigidos a todos los grupos estudiantiles.
Programas de protección
Gómez señaló que la muerte de la niña ha generado un dolor colectivo y un profundo impacto en la salud mental de la familia y de la sociedad. Afirmó que lo primero que debe analizarse es la negligencia que permitió que la menor perdiera la vida ahogada.
“Murió ahogada, ¿por qué? Nadie fiscalizó, nadie pudo cuidarla, protegerla o prevenir la tragedia. Cuando se realizan excursiones, vacaciones o encuentros con niños, los colegios deben activar sus programas de protección, asignar adultos responsables del cuidado y la supervisión, y también involucrar a los padres”, explicó.
Añadió que si se confirma que la menor tenía indicadores de vulnerabilidad frente al grupo como bullying, maltrato, exclusión o falta de aceptación, entonces se trataba de una niña en situación de riesgo que requería mayor atención y acompañamiento.
El Ministerio Público acusó y arrestó a cuatro integrantes del centro educativo por su presunta responsabilidad en el homicidio involuntario. Las detenidas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
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