Santo Domingo.-El proyecto de ley que establece el Examen Único de Competencias (EUC) para ejercer la Medicina tiene contradicciones, al querer frenar la cantidad de solicitudes de plazas, elevar la calidad académica y optimizar los recursos económicos que se invierten en materia de salud.
En la actualidad una persona dura cinco años formándose en medicina general, luego de graduarse procede a solicitar la habilitación de su exequátur al Poder Ejecutivo.
La aprobación de este dura de tres a seis meses. Para dicha solicitud debe depositar documentos como el récord de notas más el título de la universidad.
Con todos los documentos antes citados listos, el médico general procede a tomar el Examen Único de Residencias Médicas que imparte la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anualmente para optar por una residencia médica (especialidad).
Para participar en este concurso el galeno debe haber acumulado un mínimo de 65 puntos en dicha prueba, la cual es confeccionada e impartida por la alta casa de estudios.
Los cambios
La pieza legislativa, propuesta por el diputado de La Vega del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Mario José Hidalgo Beato, establece que para obtener la licencia (exequátur) para ejercer médico deberá tomar el EUC, lo que además le permitirá optar por una plaza en concurso de residencias médicas.
En caso de no alcanzar los 75 puntos mínimos que se requieren para aprobar el examen, el artículo 16 sobre Especialidad en Atención Primaria será el consuelo para aquellos que reprueben, debido a que el legislador sostiene que existe la “necesidad de establecer un Programa de Especialidad en Atención Primaria, de un año de duración, al que los médicos que reprueben el Examen Único de Competencias puedan optar teniendo como campo ocupacional las Unidades de Atención Primaria (Unap)”.
Otra novedad que presenta el proyecto de ley es que la preparación y calificación del Examen Único de Competencias ya no lo hará la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sino que será el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
De igual forma habrá un consejo evaluador compuesto por el Mescyt, Salud Pública, un representante del Colegio Médico Dominicano, un representante de las escuelas y facultades de medicina elegido entre sus pares y un representante de la Armada de la República Dominicana.
Pedro Sing, presidente del Colegio Médico Dominicano, destacó que con la aprobación de esa ley el Ministerio de Salud Pública debe de contar con casi mil millones de pesos, que significa el pago anual de los médicos pasantes, y esto volcarlo al nombramiento de médicos de familia y comunitarios, así como médico general, lo que se reflejará en la mejora de los indicadores.
Desacuerdo
La Universidad estatal mostró nueva vez su desacuerdo con el proyecto.
En un comunicado señala varios aspectos, entre ellos está el hecho de que al Mescyt se le atribuyen facultades que no son propias de este.
También permitiría que los extranjeros ejerzan en el país con solo tomar ese examen.
Para hoy los miembros de la comisión bicameral que tiene a su cargo el estudio del proyecto recibirán a las diez y media de la mañana a las autoridades de la UASD.
Mientras que a la una de la tarde le tocará el turno a la ministra de Salud Publica, Altagracia Guzmán Marcelino, para escuchar sus recomendaciones y su parecer acerca de la pieza.
CMD pide diálogo; rechaza el artículo 16
Pedro Sing, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), está a favor de la ley, aunque rechaza el artículo 16.
También abogó por la creación de una mesa de diálogo estratégico académico con todas las instituciones involucradas, con miras a unificar el criterio de quién o quiénes estructuran el examen, auditarlo y a impartirlo.
El galeno entiende que se debió haber llamado a vistas públicas para discutir esto.
Dijo que está de acuerdo en eliminar la pasantía médica establecida en la Ley 146, porque el ámbito rural es diferente hoy al que existía en 1967, es decir hace 48 años, y todas las comunidades en el país están prácticamente conectadas en un cien por ciento. Agregó que la pieza legislativa tiene sus bonanzas.
