Santo Domingo.- El Senado debate el proyecto de ley contra las violaciones e invasiones de propiedad privadas o estatales, mediante el cual se busca modificar el Código Penal y Código Procesal Penal a fin de penalizar severamente la violación e invasiones de propiedad.

Asimismo, la pieza legislativa procura atribuirle garras prontas al Ministerio Público para detener, encausar y procesar a los responsables de acciones de esta naturaleza. Es decir, que pase de ser una acción privada a ser una infracción de tipo Penal.

La iniciativa es de los senadores Julio César Valentín, Heinz Vieluf Cabrera y Manuel Guichardo, representantes de las provincias Santiago, Montecristi y Valverde, respectivamente.

Valentín agregó que vista esa realidad, la actuación del Ministerio Público va entrañar sanciones severas, en términos penales, que van desde dos hasta cinco años de reclusión, así como la imposición de multas de varios salarios mínimos.

“Esto lo que procura es desincentivar y penalizarla, hacer procesable, por la vía penal, que es una vía mucho más pronta, mucho más expedita que la vía actual del abogado del Estado, para resguardar el sagrado derecho de propiedad tanto estatal como privada”, puntualizó.

La iniciativa responde a la preocupación de diversos sectores ante sistemáticas y masivas ocupaciones de terrenos de vocación industrial, turística, productiva, que son constantemente ocupadas por personeros dedicados a esa práctica.

Dicha práctica es atentatoria contra la propiedad privada uno de los derechos que constituyen parte de la piedra angular del sistema democrático.

“La sociedad de Santiago y otras localidades de la línea noroeste, por vía de distintos actores sociales y estatales, han expresado la gran preocupación ante las constantes violaciones de propiedad”, dijo.

Agregó que: a veces aprovechando momentos, épocas del año, como las navidades, Semana Santa, cuando una gran parte de las autoridades están dedicadas a labores de prevención y seguridad, y descuidan el tema de vigilar la propiedad, invasores aprovechan la ocasión y ocupan terrenos ajenos, levantando mejoras y engañando a pobres familias que compran terrenos a estas bandas que les engañan.

El legislador dijo que en el sistema actual, la violación de propiedad no constituye un delito, sino que los titulares del derecho de propiedad tienen que incoar acciones privadas ante el abogado del Estado, pero que el proceso resulta lento, el procedimiento tedioso lo que dificulta una acción pronta y cuando se concreta la construcción de numerosas mejoras, resulta más complejo el proceso de desalojar.

Afirmó que eso crea dificultades, porque incrementa las demandas de servicios no planificados, afecta la zona de expansión de desarrollo de los pueblos, perturba derechos fundamentales y hace de la propiedad estatal un sistema de reparto anárquico.

“Incluso, familia muy humilde beneficiaria de asentamientos de la reforma agraria, por parte del Estado dominicano, que tienen decenas de años, han visto afectadas sus propiedades por ocupaciones vandálicas”, aseguró.

Añadió que esas acciones terminan dejando, a familia entera, sin la posibilidad de sostenerse de la producción agrícola y pecuaria.

Por otra parte, lamentó que cuando en las propiedades estatales no se intentan acciones, resulta que tampoco hay respuestas.

Informó que la comisión de justicia del Senado, ha visto los consensos técnicos, políticos, y ha reparado en los consensos sociales que indican la necesidad de que la violación de propiedad sea castigada severa y prontamente por parte de las autoridades del Ministerio Público y los tribunales penales.

De forma tal, que los congresistas suscribientes, más la comisión de justicia, hacen un llamado al pleno del Senado a que aprueben el proyecto con su informe, así como a los honorables diputados, una vez llegue dicho proyecto, que asuman esa causa que ha venido siendo sostenida por varios legisladores de la cámara baja, de la Provincia Santiago y del país, que han mostrado preocupación por esta situación que genera caos, violencia, y el desamparo de familias enteras, que ven como hordas ocupan sus propiedades, que incluso tienen cientos de años de posesión y disfrute por parte de familia, y que han sido heredadas de generación en generación.

El proyecto ha sido sancionado positivamente por la comisión justicia del senado, que ha presentado informe al pleno senatorial, de forma tal que se estima que en las próximas semanas este proyecto esté aprobado y enviado a la cámara de diputados.