Una de las características más evidentes del buen hacer para alcanzar metas tiene que ver con la forma en la que se haya trazado el procedimiento para que, trillando un camino de organización, planificación, aplicación, supervisión y evaluación, se presente ante los ojos de todos, el resultado de una entidad eficaz y eficiente, de oportunas respuestas.
En esas prácticas está envuelto en este momento el Gobierno que encabeza el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, bajo la oportuna visión de crear “un Estado más humano, más cercano y de servicios de calidad”.
En el debate de la eficacia en la gestión pública, pocos procesos resultan tan determinantes como el de los protocolos institucionales, porque la eficacia de un Estado no se mide por la magnitud de sus discursos ni por la solemnidad de sus promesas, sino por la capacidad de traducir esas declaraciones en procedimientos claros.
Se trata de una fórmula atractiva en su enunciado, pero que exige un andamiaje institucional que garantice que la cercanía no sea sólo un lema y que la humanidad se refleje en políticas públicas verificables.
La pregunta de fondo es si los protocolos que se han diseñado o están en proceso responden a esa aspiración o si se diluyen en la burocracia.
La reconversión del Estado hacia una estructura funcional sería un excelente agregado al fortalecimiento institucional y democrático que demanda el país y que ocupa una parte importante del discurso gubernamental, pero hay que admitir que enfrenta muchos obstáculos y esto no puede ser obviado.
Uno de los principales obstáculos es la burocracia misma de las instituciones, que suelen aferrarse a prácticas tradicionales, incluso cuando estas han demostrado ineficacia.
Otro muro de contención, que expuse la semana pasada, es que la modernización tecnológica tropieza con desigualdades sociales que limitan el acceso equitativo a servicios digitales.
Ni hablar de la persistencia de prácticas políticas que privilegian intereses particulares sobre el bien común, lo cual erosiona por completo la credibilidad de los protocolos.
Estos obstáculos constituyen una prueba de fuego para cualquier intento de reconversión, porque ponen en evidencia que la transformación del Estado no depende sólo de decretos presidenciales o planes estratégicos, sino de la voluntad real de desmontar inercias históricas.
La reconversión del Estado exige un compromiso político que debe transcender la retórica y traducirse en resultados medibles, en un tiempo en el que la ciudadanía requiere respuestas oportunas: hospitales que funcionen, escuelas que enseñen, tribunales que impartan justicia y ventanillas públicas que atiendan sin demoras.
Por ello, vale la pena y tiene mucho sentido el Decreto 403-26, emitido por el presidente Abinader Corona, que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos.
Esa decisión, de acuerdo a los informes oficiales, ha comenzado a materializar la renovada visión de un Estado más funcional.
Los reportes indican que, bajo la rectoría del Ministerio de Administración Pública y la ejecución técnica de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) se han simplificado trámites, eliminado duplicidades normativas y se han generado ahorros superiores a los RD$2,000 millones y reducido el tiempo de espera en un 70 %, desde el año 2025, cuando comenzaron a implementarse acciones en ese sentido.
La construcción de un Estado funcional y de calidad es un proceso que requiere disciplina institucional, voluntad política y participación ciudadana, no es una tarea de un día y, a juzgar por el comportamiento social, ya no puede esperar por más tiempo.
El Gobierno tiene ante sí la oportunidad de demostrar que la gestión pública puede ser la garantía de que la institucionalidad se convierta en el verdadero motor del desarrollo y no se quede sólo en un discurso o en una promesa. ¡Hay que aprovechar los momentos! Éste es el ahora.
