CARACAS. — Miles de personas marcharon el sábado en Caracas para protestar contra la decisión de las autoridades de impedir un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.
La caminata, que tuvo como punto de encuentro la autopista que enlaza de este a oeste la capital venezolana, fue encabezada por la activista Lilian Tintori, esposa del líder opositor encarcelado Leopoldo López, y la ex diputada opositora venezolana María Corina Machado, entre otras esposas de los llamados “presos políticos”.
“Traigo un mensaje a toda la comunidad internacional, todos saben que hay una dictadura en Venezuela por lo tanto ha llegado la hora de que la Organización de Estados Americanos aplique de inmediato Carta Democrática Interamericana contra el régimen de Venezuela”, dijo Machado.
El secretario general de la OEA Luis Almagro invocó la Carta en mayo cuando convocó una sesión extraordinaria para presentar un informe especial sobre la crisis venezolana.
Desde entonces los estados miembros anunciaron que realizarían una “evaluación colectiva” sobre el asunto pero no han adoptado decisión alguna.
Al grito de “íVenezuela resteada será liberada!”, los manifestantes, muchos con camisas blancas, banderas venezolanas y carteles que decían “Somos 30 millones de motivos para revocarlo” marcharon por las principales vías del este de Caracas rumbo a la autopista.
La marcha marcó el comienzo de una serie de protestas convocadas para la semana próxima por la coalición opositora, que exhortó a sus seguidores a salir a las calles para exigir “respeto a la constitución” y que se revierta la medida que suspendió el proceso de referendo.
La medida que impide el proceso del referendo, según líderes de la oposición, equivale a un golpe de Estado.
Jesús Torrealba, secretario general ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a una treintena de partidos y organizaciones de oposición, en la víspera denunció que el oficialismo no quiere medirse electoralmente porque “no tiene los votos para ganar ni el referendo ni las elecciones de gobernadores”.
Adujo que si un régimen actúa fuera de la normativa constitucional y desconoce los resultados del sufragio universal no es un régimen democrático, sino uno “que actúa a partir de los principios y procedimientos de una dictadura”.
Las principales encuestas del país indican que Maduro y sus aliados habrían perdido esas consultas por un amplio margen, en este país sudamericano sumido en una compleja crisis caracterizada por una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros productos.
Esos problemas han generado un creciente malestar entre los venezolanos y han golpeado la popularidad del mandatario.
Los socialistas ganaron el poder hace casi dos décadas —con la elección para presidente del entonces popular Hugo Chávez— y durante años disfrutaron de victorias electorales fáciles, pero con la economía en caída libre, las encuestas muestran que la mayoría de los venezolanos se inclina a favor de un cambio.
Adicionalmente, con los años, el gobierno se ha vuelto poco a poco cada vez más autocrático. Las autoridades no renovaron las concesiones de la más antigua televisora privada del país, RCTV, y de numerosas emisoras de radio críticas. Además han encarcelado a varios activistas destacados de la oposición.
El Tribunal Supremo de Justicia, dominado por partidarios del gobierno, ha respaldado los poderes de decreto de Maduro, ha limitado las funciones del Legislativo y ha declarado “nulos” la mayoría de los proyectos de ley aprobados desde enero pasado por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde las elecciones legislativas de 2015.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) —que es señalado de estar controlado por el oficialismo — detuvo el proceso de consulta revocatoria alegando supuestas irregularidades en la primera ronda de recolección de firmas.
El influyente diputado oficialista Diosdado Cabello insistió el sábado que la oposición incurrió “en un fraude” en la recolección de firmas y denunció supuestos planes que ejecutarían en los próximos días para derrocar al gobierno.
“Bajo ninguna circunstancia nos vamos a dejar tumbar… algunos sectores de la oposición se han desbocado, esperemos que solo sean declaraciones”, dijo Cabello al enumerar una larga lista de supuestos escenarios “violentos” que según él estarían considerando los adversarios del gobierno.
Las supuestas acciones golpistas se pretenden ejecutar en cuatro fases, que incluirían acciones de calle y el uso “anticonstitucional” de la Asamblea Nacional para atacar a Maduro y al Poder Electoral, indicó Cabello.
El legislador llamó al diálogo entre los venezolanos para evitar los supuestos planes violentos. “Llegará el momento, es inevitable que ellos tengan que sentarse con nosotros”, agregó.
La oposición ha dicho que, antes de participar en cualquier diálogo, el gobierno debe liberar a decenas de opositores considerados presos políticos y aceptar el referendo.
Muchos venezolanos se preparaban para acudir a firmar el próximo 26, 27 y 28 de octubre con la esperanza de revocar a Maduro.
Para activar en definitiva el referendo, los adversarios necesitaban recolectar y validar cerca de 4 millones de firmas, el equivalente del 20% del padrón electoral. La convocatoria de la consulta ya era una carrera contrarreloj que no admitía más retrasos.
El 10 de enero de 2017 se cumple más de la mitad del periodo presidencial de seis años de Maduro, y la constitución establece que en caso de que se logre apartarlo del cargo pasada esa fecha, el vicepresidente se haría cargo del gobierno en lugar de celebrarse elecciones anticipadas.
El oficialismo había sostenido repetidamente que el referendo no podría darse en 2016 ni en 2017, bajo el argumento de que la oposición cometió fraude en una primera recolección de firmas y que los tribunales debían dar respuesta a las demandas que se hicieron por esas supuestas irregularidades.
Sin embargo, el proceso de referendo ya se había vuelto mayormente simbólico, porque el CNE decidió en septiembre que en caso de que la oposición lograra recolectar las rúbricas, el referendo no se celebraría antes del primer trimestre de 2017.
