Altagracia Suriel
El sagrado derecho a la vida consagrado en nuestra Constitución está en peligro por los abusos policiales.
El caso de David de los Santos vuelve a poner en alerta al país de un problema que hay que resolver sin postergación.
Todos sabemos que la situación es una herencia nefasta de totalitarismo y brutalidad que viene de antaño, pero es tiempo de frenarla para que no se sigan perdiendo más vidas.
Los resultados de las medidas anunciadas por el ministro de Interior y Policía constituyen una esperanza para que en el corto plazo se controle el problema.
Ya se había sentido la indignación colectiva con el caso de los pastores en Villa Altagracia y de Leslie Rosado, que fueron asesinados por policías desalmados que son una vergüenza para esa institución y que no tienen el más mínimo respeto por la vida y por su investidura.
Entre historias y versiones de esos hechos extremos, vemos una sociedad consternada y preocupada por la violencia y que rumia su impotencia en las redes sociales. Lo que le pasó a David, a Leslie y a los pastores le puede seguir pasando a otros jóvenes o a quien sea.
Cinco jóvenes muertos en menos de dos semanas en supuestas situaciones que envuelven a agentes de la Policía nos alertan de un drama con implicaciones insospechadas. Otras cifras manejadas en medios de comunicación informan de 100 jóvenes asesinados en lo que va del año.
En el caso de David no se ha sabido qué fue lo que hizo para que lo detuvieran y lo encerraran en un destacamento con una jauría de irracionales sádicos que saciaron su sed de sangre en complicidad con todo el que estaba ahí. Por lo menos esa es la versión oficial de la investigación judicial por la que guardan prisión preventiva varios acusados.
Esa vida malograda de David no puede caer en el olvido.
No se podrá olvidar que hay manos manchadas de sangre por ese crimen, por acción o por omisión. Nada podrá quitar el dolor de la familia y el grito de los jóvenes que, en la manifestación frente a Ágora, pedían justicia para David.
