Los niños y niñas no son la población más contagiada por el Covid-19. Tampoco la que más se muere, pero probablemente es la que más sufre y la más impactada a largo plazo por esta catástrofe epidemiológica.

Analizando los efectos del Covid-19, Unicef afirma que la niñez es la cara oculta de esta pandemia. Según este organismo, los impactos en esta población se asocian a dificultades en el acceso a servicios básicos y a alimentación y limitación de oportunidades de protección y participación.

Uno de los peores efectos del Covid-19 en la niñez es el aumento de violaciones de derechos como el abuso y la pornografía infantil. Pareciera que el mal se ensaña siempre con los más débiles.

En relación con los servicios educativos, Unicef señala que, a nivel global, de 154 millones de infantes inscritos, 95% quedó fuera de la escuela y que 80 millones de niños han dejado de recibir comidas calientes.

Según Human Rights Whatch, las consecuencias de la pobreza y el desempleo a nivel mundial incrementarán el trabajo infantil y todas las formas de explotación contra la niñez.
Analizando más profundamente los efectos desde su cara humana, las repercusiones emocionales del Covid-19 en la niñez son incalculables.

Los niños y niñas son los que quedan huérfanos y los que se quedan sin el cariño de abuelos que están muriendo por el virus.

Ellos son los que carecen de un ambiente escolar protector si están viviendo en familias disfuncionales. Son los que se quedan sin jugar porque los parques y las escuelas están cerradas.

Para proteger a la niñez en este tiempo de Covid-19 son muy pertinentes las propuestas del Comité de Derechos del Niño, que recomienda a los Estados Partes en la Convención de 1989 considerar los impactos sanitarios, sociales, educativos, económicos y recreativos de la pandemia en los niños; explorar soluciones alternativas y creativas para asegurar el derecho a la recreación; asegurar que el aprendizaje no exacerbe las desigualdades existentes; mantener la provisión de servicios básicos de atención médica, agua y registro de nacimientos; definir y asegurar servicios de protección infantil esenciales; y brindar oportunidades para que las opiniones de los niños sean escuchadas.