Altagracia Suriel
El paso del huracán Fiona y los estragos que causó en la región Este presentan un impacto negativo en las familias y un desafío para el avance del desarrollo nacional.
Provincias como El Seibo, que por décadas han encabezado la lista de las zonas más deprimidas del país, ven hoy a sus habitantes sumidos en pérdidas de activos y de medios de vida que profundizarán sus carencias y precariedades. Una vez más vemos cómo los choques climáticos incrementan la vulnerabilidad de las personas a sufrir pobreza o indigencia.
Existe una relación entre pobreza y catástrofes asociadas a la naturaleza y el medio ambiente, las cuales tienen relación directa con el bienestar de los hogares. Según los datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), las familias más vulnerables, de acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad frente al Choques Climáticos (IVACC), están en los hogares con menor calidad de vida según el Índice de Calidad de Vida (ICV).
Michael Carter nos recuerda que la pobreza y los desastres están interconectados: la pobreza incide en la intensidad de los peligros, cuando ocurren peligros la pobreza se ve afectada, la condición de riesgo tiene impacto en la pobreza y la condición de amenaza tiene impacto en la segregación socioespacial.
Frente a los desastres y sus repercusiones para los pobres, la respuesta es la protección social para poder disminuir los choques adversos en el consumo familiar, siempre asumiendo el enfoque de derecho y prestando especial atención a las condiciones específicas de los hogares y comunidades.
En tal sentido, cobra relevancia y pertinencia el Bono de Emergencia anunciado por el Gobierno como un aporte para las familias después de la catástrofe del huracán Fiona en las zonas afectadas.
Este mecanismo que activa la red de protección social fue elaborado a partir de estudios internacionales del PMA. Son políticas costo efectivo porque, para llegar con rapidez a los más necesitados, aprovechan el funcionamiento de las instituciones creadas para la asistencia social, las competentes en materia de emergencia y los servicios sociales.
Proteger con prioridad a los más débiles no solo es una obligación del Estado sino una apuesta por el desarrollo de todo el país.
