Pese a la instalación de gobiernos democráticos en ambos lados de la isla con la llegada al poder de Jean Bertrand Aristide en 1991, las crisis bilaterales, mayormente vinculadas a la problemática migratoria, han sido cíclicas.
Estas no son debidamente tratadas para lograr un convenio sobre el tema ni siquiera a través de la Comisión Mixta bilateral. Tampoco el Dialogo de alto nivel de principios de 2014 a raíz de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional permitió a los dirigentes de la isla establecer un acuerdo de cooperación para llevar a cabo el Plan Nacional de regularización de Extranjeros (PNRE), cuyos Resultados provocan una nueva crisis diplomática.
El pleito está casado. Tras las reiteradas declaraciones del Primer Ministro haitiano relativas a la apatridia y las condiciones en las cuales llegan sus compatriotas, del recién bochornoso espectáculo bilateral en la OEA, lo menos que se pueda decir es la existencia de un grave problema latente.
Como elementos visibles de la problemática, los defensores de los derechos humanos apuntan: discriminación racial, antihaitianismo, tráfico de personas en la frontera, abusos policías y militares, encarcelamiento arbitrario, repatriaciones colectivas, retornos forzados, desnacionalización y apatridia entre otros.
Tan solo una revisión de la prensa dominicana, de los informes de los grupos especializados en la temática, y los de las misiones internacionales realizadas por organismos multilaterales, permite comprobar casos evidentes para cada uno de los componentes arriba señalados. Empero, el gobierno dominicano, en su ofensiva diplomática internacional, niega rotundamente dichos hechos con la palabra cero.
Esa osadía no la tiene Barack Obama. Por más complaciente que quiera ser con sus seguidores y el electorado de su partido mayoritariamente blancos. Después del ataque racista de la Iglesia Africana Metodista Episcopal, el pasado 18 de junio, el presidente de los Estados Unidos tuvo la sabiduría de reconocer que ese gran país, acogedor de dominicanos y haitianos, entre otros inmigrantes, no ha superado el racismo.
Ahora bien, tan solo hay que tomar la palabra al Gobierno dominicano. Más de 350,000 regularizados, es un gigante esfuerzo que debe ser aplaudido. Pero para no caer en el uso hábil de esa cifra, lo será cuando todos tengan en manos sus documentos. Entre ellos, los 288,466 inmigrantes inscritos al Plan de Regularización, los 55,000 dominicanos de ascendencia haitiana con nacionalidad validada, los 2,835 pensionados, los 7,986 estudiantes y los 8,755 candidatos a la naturalización.
También se ha dicho que no habrá deportaciones masivas de inmigrantes ni expatriación de dominicanos. Parece demasiado lindo para ser verdad como reza el dicho popular. La realidad es otra, al menos la que describen los retornados a la prensa haitiana y a sus autoridades.
Con el discurso de Martelly a la Caricom es evidente que se ha vuelto a perder la confianza a nivel bilateral. No se descarta que Haití solicite una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, lo cual debería ser manejado con más tacto y sobre todo con un carácter propositivo. Toda vez, las acusaciones de incumplimiento son recíprocas.
Cabe destacar, los resultados de la Encuentra Nacional de Inmigrantes (ENI-2012) usados en el plan internacional de comunicación gubernamental dominicano, tuvieron el gran efecto de derrumbar la cifra del millón de haitianos instalados en la República Dominicana.
Todos los cálculos y proyecciones apuntan al hecho que absorber la totalidad de los 458,233 inmigrantes, junto a la implementación de medidas de controles fronterizos, surtiría más efectos positivos para la economía dominicana que los daños que causarían las repatriaciones numéricamente elevadas.
Tomando en cuenta las cifras oficiales, hacia la deportación quedarían 169,767 no inscritos en el PNRE. Sería fácil comprobar su arraigo por el análisis individual de su caso para ofrecerles una oportunidad. En tanto que por uniones mixtas (dominico haitiana) le corresponde la nacionalidad a 105,131, sin papeles empujados a la apatridia por miembros del personal de algunas oficinas de la Junta Central Electoral.
Al respecto, más allá del actual proceso, una comisión binacional de notables pudiera ayudar en un primer momento al fiel cumplimiento de los compromisos gubernamentales y en un segundo momento proponer pistas para una verdadera reconstrucción de los lazos entre los dos pueblos que históricamente han mostrado que la solidaridad no es unilateral.
