Arsenio Hernández Fortuna.
Una nueva reforma constitucional sólo tendría sentido si se hiciera para responder a las necesidades de la sociedad, a la superación de los obstáculos que frenan el desarrollo de las grandes mayorías; no para beneficios del partido en el poder, como ocurrió con la del 2010.
Otra modificación a la Carta Magna debería orientarse, entonces, hacia por lo menos cuatro ejes fundamentales: 1) redistribución de las riquezas; 2) fortalecimiento de la Justicia, los tribunales; 3) profundización del proceso democrático y 4) defensa de la soberanía nacional.
1) Se debería restablecer el principio constitucional de 1963 sobre que las empresas deben repartir parte de sus beneficios entre los trabajadores, lo que fue eliminado en los textos de 1966 y 2010. Algunas empresas importantes han dado durante años el equivalente a un sueldo o dos, en el mejor de los casos; en el entendido de que era el equivalente al 10% de los beneficios anuales.
Pero con las fabulosas riquezas creadas por unas cuantas grandes compañías criollas, que han vendido la mayoría de sus acciones a extranjeros, lo justo sería que se establezca constitucionalmente que las grandes empresas, nacionales y foráneas, deban repartir al menos el 25 % de sus beneficios entre sus trabajadores; el 20 % de las medianas y el 15 % de las ganancias de las pequeñas. La redistribución de la riqueza socialmente producida es el punto clave de todo conglomerado humano desde el Código de Hammurabi, promulgado 18 siglos A.C.
2) La Constitución del 2010 dividió y, por consiguiente, DEBILITÓ el poder concentrado de la Justicia. En vez de una Suprema Corte fuerte, tenemos, además, un Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Administrativo y Tribunal Superior Electoral chocando entre sí; tal como se advirtió con tiempo en el 2009. Una reforma constitucional debería fortalecer UNA Suprema Corte de Justicia con sus salas correspondientes. A esto hay que agregar la eliminación del Consejo Nacional de la Magistratura y que los jueces de la SCJ y el procurador general de la República sean designados por la Asamblea Nacional.
3) Para profundizar el proceso democrático se debería establecer el Poder Municipal como primer poder del Estado, tal como lo plantea Juan Pablo Duarte, en su Proyecto de Constitución, por ser el más representativo de todos. También retomar la alternabilidad en el poder, iniciada por Gregorio Luperón y el Partido Azul en 1879. Y, sobre todo, se debería reducir sustancialmente el exceso de autoridad del presidente de la República, consagrada en el artículo 128 de la actual Constitución, que es, en esencia, el muy criticado art. 55 de la del 1966. Muy especialmente se debería pasar el control del Presupuesto al Congreso Nacional, entre otras medidas.
4) Una reforma constitucional debería limitar la posesión de tierra en manos de compañías extranjeras que pueden convertirse en una especie de Estado dentro del Estado, como es el conocido caso del Central Romana en el Este del país, convirtiéndose en un peligro para la soberanía nacional. Ninguna compañía extranjera debería poseer más del uno por ciento del territorio nacional y en conjunto no deben pasar del 10%. En Argentina, un territorio en que caben 50 RD, se promulgó una ley que limita la posesión de tierra por extranjeros hasta el 10 % de su territorio.
Se debería incluir también el derecho a elegir y ser elegibles para los militares dominicanos, vanguardia en la defensa de la soberanía, que es la más alta tarea política que tiene un pueblo una vez se constituye en Estado. Por tanto, es contradictorio que se niegue derechos políticos precisamente a quienes tienen tan alta responsabilidad política en una sociedad democrática que, por demás, no debe excluir ciudadanos sin razón valedera. También, además, autoridad para denunciar cualquier intento de narigoneo de nuestras FFAA por parte de asesores extranjeros.
