Llevo mucho tiempo dándole vueltas y escribiendo sobre las prohibiciones de hacer proselitismo electoral antes de los tiempos y procedimientos fijados en la Ley de Partidos y en la Ley Electoral, y he llegado a la conclusión de que se trata de un muy buen tema de relleno para los medios de comunicación y para lograr alguna principalía noticiosa de la JCE y de los partidos políticos.
Quiten eso o, al menos, sigamos con el circo, pero hagámoslo realmente entretenido, falta intención. Lo de limitar la campaña electoral a partir de la creación de una Ley de Partidos y la posterior modificación de la Ley Electoral de 1997, en el año 2019, parecía bonito. Pero solo en el papel.
"Dejen a la gente descansar. Vamos a concentrarnos en producir como país, vamos a eliminar el clientelismo, los mítines multitudinarios, los afiches pegados con cemento en los postes de luz y la discusión acalorada en colmadones. Organicemos los partidos políticos. Hay demasiados. Exijámosles reportes de gastos, presupuestos anuales y otras vainas más que se nos ocurran".
Y ese discurso, mayormente esgrimido por entidades de la sociedad civil, se convirtió en la jerga de quienes aprobaron aquellas dos leyes. Pero lo hicieron con trampa. Sin leer ni considerar aspectos constitucionales o, tal vez sí, adrede cargaron estas leyes de pifias para burlarse de los ilusos que proponían cosas que, desde su punto de vista, son inviables.
Y así es como, incluso con la Ley 20-23 —una segunda modificación a la Ley Electoral en cuatro años—, la JCE no cuenta con los mecanismos legales para limitar administrativamente la campaña electoral, la Constitución sigue representando un freno a tales aspiraciones y la clase política hace lo que quiere bajo bajaderos legales bien pensados y estructurados.
Cada uno de los intentos del organismo electoral de meterse en ese tema que le fue impuesto resulta en fracaso. Crearon una Unidad Sancionadora en 2023 que, a la fecha, no publica ninguna de sus acciones y, al parecer, cuando trabaja, encuentra escollos difíciles de superar.
La reciente decisión dividida del Pleno de la JCE, que deja sin efecto “temporalmente” el artículo 13 del Reglamento de Firmas Encuestadoras, que prohibía la publicación de encuestas, no hace sino confirmar lo anterior.
Dos de sus miembros titulares, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises, presentaron argumentos legales para oponerse a la suspensión, criticando, en esencia, la decisión de la mayoría de desdecirse antes de una sentencia judicial que se espera de parte del Tribunal Constitucional.
Pero con esa decisión también frenaron acciones sancionadoras que llevaba a cabo la Unidad Sancionadora mencionada anteriormente contra dos infractores identificados: ACD Media y el Centro Económico del Cibao.
¿Qué haces cuando son tus mismos superiores los que te alteran y/o eliminan el plan de vuelo? Fácil: dejar de volar. Solo que, en este caso, nunca se emprendió el vuelo, pese a encender los motores y consumir combustible. Porque sí que se consume.
Aunque todos los de la clase política hablan con verborrea sobre las campañas caras, la injerencia del crimen organizado y la importancia de transparentar y limitar, ninguno cree en eso. Al menos, no para aplicárselo a sí mismo.
Y la gente… a la gente realmente no le molesta la campaña electoral; es más, la entretiene. Es un pasatiempo nacional extendido y comparable a las luchas del béisbol invernal, solo que con más equipos, aunque siempre manteniendo la conversación centrada en dos o, a lo sumo, tres partidos que hacen el equivalente de Licey, Águilas y Escogido.
Quiten eso de las prohibiciones de campaña, modifiquen esas leyes. Que los políticos se desgasten en campaña permanente y que la gente sea feliz teniendo cosas que comentar permanentemente.
Eso, o creen las condiciones reales para su implementación. Porque lo que hasta ahora tenemos es un intento mediocre.
leídas
