Santo Domingo, RD. – Los tabúes y prejuicios sobre la sexualidad en República Dominicana se mantienen prácticamente intactos desde hace décadas, pese a los avances registrados en el uso de métodos anticonceptivos y la reducción de la tasa de fecundidad en el país.
Así lo afirmó la directora ejecutiva de la Asociación Pro-Bienestar de la Familia (Profamilia), Magaly Caram, quien lamentó que todavía persistan preguntas y creencias similares a las que escuchaba cuando inició su labor como promotora comunitaria en los años 80.

Caram señaló que en colegios, escuelas y comunidades continúan las dudas sobre el período menstrual, el nacimiento de los bebés, la prevención de embarazos y los supuestos efectos de las pastillas anticonceptivas.
“Los mismos prejuicios, los mismos mitos; no hemos terminado, lamentablemente”, expresó durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, al referirse a la falta de educación sexual y reproductiva en distintos sectores de la población.
No obstante, destacó que una parte importante de los dominicanos ha adquirido mayor conciencia sobre la anticoncepción, lo que ha permitido reducir el ritmo de crecimiento de la población.
Durante el encuentro, el demógrafo Francisco Cáceres Ureña explicó que a mediados de la década de 1960 la fecundidad en República Dominicana rondaba los ocho hijos por mujer, cifra que correspondía al denominado máximo biológico en ausencia de métodos anticonceptivos.

Para 2019, año de la última encuesta que midió la tasa global de fecundidad, el indicador se redujo a poco más de dos hijos por mujer. Según explicó, cerca de una cuarta parte de esa disminución está relacionada con el uso masivo de métodos anticonceptivos, junto con la educación de la población sobre comportamiento sexual y derechos reproductivos.
El especialista agregó que la reducción de la fecundidad también ha incidido en otros indicadores, como la mortalidad infantil, al permitir espaciar los embarazos y evitar nacimientos de alto riesgo.
Caram sostuvo que la educación y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva deben abordarse desde una perspectiva de derechos, que incluya la posibilidad de decidir cuándo, con quién y cuántos hijos tener, así como el derecho a no tenerlos.
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