El ahorro para el retiro mediante los mecanismos de pensiones es un desafío público que el gobierno ha mostrado voluntad de mejorar para que más personas puedan recibir una mejor pensión. Muy recientemente el Superintendente de Pensiones, ha participado en varias entrevistas en medios de comunicación donde ha esbozado el futuro accionar de dicha institución hacia estos fines.
Con la intención de contribuir a esos esfuerzos, vale resumir las propuestas planteadas. La primera línea de acción es promover la formalidad, disminuyendo las barreras que limitan el ingreso y la cotización de más trabajadores con mejores ingresos. Se trata de una meta ambiciosa: hoy solo cerca del 20% de los afiliados logra completar los 30 años de cotización necesarios para una pensión suficiente sin apoyo adicional del sistema, y la reforma propuesta a la Ley 87-01 aspira a elevar esa proporción hasta un 70%.
Coincidimos en que la educación previsional es un accionar fundamental, así como la propuesta de inscribir a los trabajadores independientes y profesionales en planes de ahorro voluntario mediante registro automático. Ese registro bien pudiera vincularse, por ejemplo, a una tarjeta de crédito o una cuenta telefónica, redondeando cada transacción al peso más cercano y destinando esa diferencia al ahorro previsional.
Es indispensable en esta época maximizar el uso de la tecnología y las aplicaciones que faciliten el ahorro. Todo lo anterior requiere flexibilizar los criterios para que los trabajadores informales puedan cotizar en la seguridad social. Vincular la necesidad inmediata de servicios de salud con la futura necesidad de una pensión es una solución práctica y económicamente viable, siempre que ambos sistemas convivan bajo una sola plataforma, con identidades y controles separados.
Como bien hemos reiterado en múltiples ocasiones, el sistema de pensiones dominicano es bueno y se ha construido con grandes esfuerzos y sacrificios. El reto no es diseñar la propuesta correcta; ya está sobre la mesa. El verdadero reto será tener la voluntad política de ejecutarla sin que se distorsione la capacidad de supervisión publica sobredimensionando la misma como en otras tantas reformas.
