SANTO DOMINGO.-La procuradora de Medio Ambiente, Francia Calderón Collado, emplazó hoy a las empresas que tienen vallas de propaganda tanto políticas, como comerciales para que la retiren a más tardar en los próximos siete días, so pena de ser sometidos a la justicia.
Calderón dijo que solo serán permitidas las vallas que hayan sido autorizadas por los cabildos.
La funcionaria habló en rueda de prensa en la que recordó que la semana pasada un conductor tuvo un accidente debido a que una valla publicitaria le impedía la visión.
La representante del Ministerio Público expresó que cualquier delito ambiental, según lo establece el artículo 183 de la Ley de Medio Ambiente 64-00, conlleva sanciones desde un cuarto hasta diez mil salarios mínimos y 20 mil a las empresas, así como prisión desde seis días hasta 3 años.
“El retiro de propaganda incluye las pantallas electrónicas que no cumplan con los normas municipales, así como las propagandas políticas colocada en espacios públicos de cualquier formato, estructura, plataforma y diseño gráfico”, manifestó Calderón Collado.
Dijo que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha dado instrucciones para que los procuradores de Medio Ambiente cumplan con la sentencia emitida por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago contra el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros y la Junta Municipal Electoral de esa demarcación, donde le ordena retirar de todos los espacios públicos la propaganda política, señalando que esa práctica viola la ley Electoral que establece la fecha en la que debe iniciarse la campaña política, acogiendo así un recurso de amparo interpuesto por la Fundación Masada, de esa ciudad.
“Hacemos un llamado para que de manera voluntaria todos los empresarios y candidatos a las posiciones presidenciales, congresuales y municipales de las elecciones del 2016, y así eviten que tengan que ser retiradas por las autoridades y abrir procesos”, expresó.
En Santiago, la semana pasado un tribunal ordenó a la alcaldía de Santiago y la Junta Central Electoral el retiro inmediato de toda publicidad política exterior, que de forma extemporánea se encuentre instalada en los espacios de dominio público.
El tribunal también prohibió a los candidatos a cargos electivos, la colocación en los espacios públicos urbanos en cualquier formato, antes del inicio del período electoral.
Santiago era una de las ciudades con más contaminación visual.
