El periodista Ramón Benzán, del Listín Diario, es ultrajado por un oficial en la entrada de la Procuraduría General, una fuente en la cual ha trabajado por más de una década.
Santo Domingo.-La Procuraduría General de la República anunció ayer que recibió de Brasil el expediente sobre el caso Lava Jato relativo a la República Dominicana y en el que contiene los nombres de las personas a las que la empresa Odebrecht asegura haberle pagado sobornos para la obtención de contratos en el país.
Sin embargo, en un comunicado emitido ayer, la Procuraduría se desdijo de su promesa de revelar esos nombres a más tardar mañana 19 de mayo y ahora afirma que los mismos serán hechos públicos cuando sean judicializados en los tribunales.
La institución explicó que tan pronto recibió (ayer) de manera oficial las informaciones sobre el caso, un equipo de técnicos, analistas fiscales y personal especializado del Ministerio Público, inició la traducción legal de estos cientos de archivos recibidos para cotejarlos y verificarlos con los miles de datos recabados durante la investigación local y con otros detalles específicos suministrados por la empresa brasileña.
Dijo que esto confirma la información ofrecida por la Procuraduría el pasado 19 de abril, de que a más tardar en treinta días el Ministerio Público tendría en sus manos la lista de quiénes Odebrecht dice que recibieron pagos ilegales, así como también, testimonios, correos electrónicos, libros, registros y documentos afines.
Sin embargo, postergó su promesa de revelar los nombres señalando ahora que esa documentación será de conocimiento público cuando se depositen ante los tribunales.
“En aras de la transparencia que merece la ciudadanía, en la medida en que la investigación de este caso y el cumplimiento del indispensable proceso legal lo permitan, todas esas informaciones y documentaciones, sin excepción, serán de conocimiento público cuando se depositen ante los tribunales”, puntualizó.
El organismo responsable de la persecución penal reiteró que muy pronto el pueblo podrá comprobar que todo al que las pruebas señale que fue beneficiado con los sobornos que Odebrecht pagó en el país, será sometido a la Justicia y encarcelado, sin importar quien sea, ni el cargo o la filiación política.
Medida
La seguridad de la Procuraduría General ha sido reforzada con agentes de la Policía Nacional apostados alrededor de la institución, tras los incidentes registrados por varias protestas para exigir que sean revelados los nombres de los sobornados por la empresa Odebrecht.
Entre las medidas está que los empleados deberán identificarse en la puerta de entrada, como los periodista que cubren la fuente de la Procuraduría.
También son chequeados los usuarios que ingresan a diario a la institución en busca de informaciones o para depositar documentos o recursos.
Incidentes
Este martes varios diputados de la oposición fueron agredidos por agentes policiales cuando acudieron en apoyo a los jóvenes apresados que intentaron instalar un campamento en frente en protesta contra la corrupción y la impunidad. Por esta razón, una comisión se presentó ante la Procuraduría para sostener una reunión con los magistrados Rodolfo Espeñeira y Bolívar Sánchez.
Antes de entrar al encuentro, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, no descartó que sean interpelados el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, y el director de la Policía, Nelson Peguero Paredes.
Luego los periodistas de la fuente se disponían a entrar a la institución para continuar su trabajo, pero agentes policiales prohibieron la entrada al reportero Ramón Cruz Benzán alegando que tenían orden, por lo que fue agredidos por los agentes.
Ministerio Público se desliga de incidentes
Tras una reunión que sostuvieron once diputados de la oposición con los procuradores adjuntos Rodolfo Espiñeira y Bolívar Sánchez se pidió una explicación de los hechos que se atribuyen a agentes de la Policía.
Fidel Santana dijo que los magistrados expresaron que la institución se desvicula de las agresiones contra los legisladores y también de haber impedido que los jóvenes de la Marcha Verde se instalaran en un campamento frente a esa institución.
Afirmó que los magistrados les informaron que la Policía es la responsable de la seguridad, pero que fue abierta una investigación sobre los incidentes.
