El Ministerio Público también solicitó la declaratoria de complejidad del proceso.
SANTO DOMINGO.- Tal y como lo había anunciado días atrás en un comunicado, la Procuraduría General de la República publicó este viernes los expedientes de casos de corrupción, acuerdos y resoluciones vinculadas a los mismos.
Los expedientes publicados en el portal pgr.gob.do/repositorio-de-casos de la Procuraduría, corresponden a los casos de las operaciones Antipulpo, Calamar, Coral 5G, Falcón, FM, Larva, Medusa, operación 13 y Discovery.
El organismo explicó que por la naturaleza del delito, las acusaciones de trata y tráfico de personas no son publicadas.
Precisó además que el presente repositorio será actualizado según se presenten las acusaciones y se firmen los acuerdos en proceso.
Los imputados publicados
En el caso Antipulpo, la Procuraduría publicó la acusación del mism y los acuerdos establecidos con Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, Lewyn Ariel Castillo Robles y Francisco Pagán Rodríguez.
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En operación Calamar están los criterios de oportunidad de Ramón Jiménez (Mimilo) Belkiz Tejada y Natalia Beltré; Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, Camilo Andrés, Fernando Crisóstomo, José Ureña, Ramón Jiménez (Mimilo) y Víctor Encarnación.
Operación Coral 5G además de la acusación, fueron publicados los acuerdos de Meljo Comercial EIRL y Ptumus EIR, así como la resolución penal de Abreviado Optumus EIRL y Meljo EIRL y la Resolución Criterio de Oportunidad de Cesar Felix Ramos Ovalle.
En tanto que en la operación Medusa fueron publicados la acusación y los acuerdos pactados con Lisandro Macarrulla y Mac Construcciones; Sean Hudson Dawggins y Smart Logistics International SRL; Rossanna Vianela Pimentel y Comercial Viaros; Ricardo Antonio Carrasquero y Constructora Carrasquero; Reynaldo Santos y Zwaziland; Rafael Salvador Rasuk Sanchez, Mercedes Camelia; Jose Antonio Santana, Abastes y Constructora Integrada; Jose Alberto Abbott Brugal y Distribuidora Ropi; Jenny Marte Peña; Hilda Cristina Jackson Mallol y Ropalma; Giselle del Carmen Molano Frias; Francisco Arturo y Rogama; Felipe Armando Fernández de Castro Asencio; Fausto José Cáceres Salterio y La Parasata Mercantil; F&F Ezel Import SRL; Daniel Enrique Vásquez Feliz, Francisco Alb. Vásquez Feliz y Divamor Grop; Cesarion Morel Grullon y Constructora Morel Grullon y Asociados; Carolina Pimentel Bonifacio y Carlos Augusto Guzmán Oliver y Herrajes Rachell.
Mientras que en la operación Falcón, FM, Operación 13, Discovery y Larva solo fue publicada la acusación contra los imputados.
En un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República el pasado domingo 23 de junio del 2024, el organismo señaló que publicaría las acusaciones y actos procesales de imputados de delitos de criminalidad organizada que firman con el Ministerio Público acuerdos para aceptar su culpabilidad y que, en todos los casos concluidos, sin excepción, han sido judicializados ante los tribunales.
La Procuraduría adoptó esta medida ante denuncias de que el órgano persecutor , mediante los acuerdos, beneficiaba a imputados con cesiones u obras futuras .
El Ministerio Público explicó que todos los acuerdos realizados se encuentran judicializados y fueron elaborados en estricto cumplimiento de la ley, precisando que solo se han firmado acuerdos para decomisar activos como bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones y cheques certificados, desmintiendo categóricamente la realización de otros para recibir cesiones u obras futuras.
Consideró estas denuncias como medidas desesperadas por parte de la defensa de algunos de los acusados quienes han realizados una campaña con informaciones falsas.
Precisó que con la publicación de estos casos, quien quiera podrá determinar, con base a pruebas, quién miente, «por ejemplo, atribuyendo cantidades de dinero exorbitantes a imputados de nivel medio cuando quien hace los alegatos públicos sabe que las pruebas demuestran que la mayor parte de esos recursos engrosaban las cuentas bancarias de exfuncionarios públicos a los que representa y que hoy pagan las campañas millonarias para atacar la acusación con mentiras, en lugar de defenderse en los tribunales del arsenal de pruebas depositadas por el Ministerio Público».
