Santo Domingo. – El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, junto con la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, continúa el interrogatorio al extitular del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, con relación a presuntos actos de corrupción administrativa en la aseguradora estatal.
Además del exfuncionario, también está siendo interrogado Eduardo Read, del Grupo Read, investigado por la firma de un contrato por miles de millones de pesos para servicios de atención primaria del régimen subsidiado de la aseguradora.
Hazim llegó a la Procuraduría junto a su abogado, Miguel Valerio, minutos antes de las 5:00 de la tarde. Cerca de las 7:00 de la noche arribó el empresario Read acompañado de su representante legal, cuyo nombre aún se desconoce.
También acudió la jurista Ingrid Hidalgo con su representada, de quien hasta el momento no se ha ofrecido información sobre su identidad.
Pasadas las 10:00 de la noche, el presidente de la Sala Capitular del Consejo de Regidores de Guayacanes, John Hazim Brugal, llevó comida y dos abrigos al extitular de Senasa.
Meses de investigación
Septiembre fue clave para las investigaciones entorno al caso. Durante ese periodo, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el recién nombrado director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, Edward Guzmán, entregaron a la Procuraduría General de la República un informe con "graves hallazgos" de irregularidades detectadas en la ARS.
Los funcionarios entregaron el informe a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por instrucciones del presidente Luis Abinader, para que se proceda por los "mecanismos correspondientes".
En una de las ediciones de La Semanal con La Prensa, el presidente Abinader afirmó que fue el propio Gobierno que solicitó en noviembre de 2024 al Ministerio Público investigar presuntas irregularidades en el Senasa, y advirtió que cualquiera que haya sustraído fondos públicos, especialmente del área de salud, debería enfrentar "consecuencias drásticas" ante la Justicia.
Etiquetas
