Pro Consumidor aclara que no tiene facultad para regular el precio del arroz

Santo Domingo.– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, aclaró que su entidad no tiene control sobre los precios de los productos, en respuesta a las recurrentes quejas de consumidores sobre la venta de la libra de arroz a diferentes precios en un mismo sector.

Indicó que los precios son regulados por la oferta y la demanda, y que el papel de Pro Consumidor es orientar a los ciudadanos.

Puso como ejemplo que si un establecimiento vende un producto a 50 pesos y otro a 55, el consumidor es libre de elegir dónde comprar.

Respecto al arroz, Alcántara recordó que existe un acuerdo firmado por el Ministerio de Agricultura y todas las molineras del país, estableciendo precios de referencia para el arroz selecto tipo A desde su salida de la factoría hasta su comercialización.

“Las molineras han admitido ante las autoridades que no han incumplido el acuerdo”, aseguró.

Destacó que este pacto se hizo en función del arroz selecto tipo A, que representa el 70 % del consumo nacional, aunque recordó que hay otros tipos de arroz, como el que se vende empacado.

Afirmó que no permitirán especulación con el precio del cereal y anunció que Pro Consumidor ha desplegado brigadas de inspectores en distintas provincias, donde operan las principales factorías de arroz, para verificar el costo al que se despacha el quintal.

Las estafas inmobiliarias

Estafas inmobiliarias en aumento Por otro lado, Alcántara informó que el 70 % de los casos recibidos por Pro Consumidor en los últimos años están relacionados con el sector inmobiliario.

Entre las principales quejas destacan vicios de construcción, ajustes de precios no estipulados en los contratos y retrasos en la entrega de los inmuebles, siendo esta última la más común.

El funcionario exhortó a quienes deseen invertir en bienes raíces a asesorarse con expertos o acudir a Pro Consumidor antes de realizar cualquier transacción.

Caso Guepardo

En relación con el caso de estafa inmobiliaria desmantelado bajo la operación “Guepardo”, Alcántara reveló que, antes de hacerse público el fraude, la entidad había recibido casi medio centenar de denuncias.

En algunos casos, se lograron conciliaciones entre compradores y vendedores.

“Cuando vimos que el caso excedía nuestro ámbito de acción, lo remitimos a las autoridades competentes”, explicó, señalando que la mayoría de las quejas estaban relacionadas con incumplimientos en los plazos de entrega y aumentos injustificados en los precios.

Alcántara advirtió que las estafas inmobiliarias van en aumento debido a la proliferación de empresas constructoras sin respaldo financiero.

Aclaró que las quejas contra empresas afiliadas a la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) son mínimas.

No obstante, destacó que los implicados en el fraude del caso Guepardo operaban bajo la franquicia de la agencia inmobiliaria internacional Remax, a la que renombraron como Remax ONE.

Sobre la responsabilidad de la agencia, Alcántara opinó que “son ellos quienes deben establecer sus filtros para evitar estos casos”.

Destacó que Pro Consumidor ha logrado solucionar el 80 % de los casos relacionados con terminaciones de viviendas. Si el contrato no estipula que el consumidor debe asumir costos adicionales por indexación, este no está obligado a hacerlo.

No obstante, Alcántara instó a los consumidores a presentar formalmente sus quejas para que la entidad pueda intervenir.