Santo Domingo.-El Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ha decomisado durante el 2014 un total de 206,304 productos que eran vendidos en mal estado, no apto para el consumo humano, en Santo Domingo y varias provincias del país.
El decomiso se produjo en 492 establecimientos comerciales, donde se expedían productos con fechas vencidas, golpeados, en mal estado, oxidados y latas abolladas con heces fecales y orina de ratas.
Los operativos fueron realizados por la División de Inspección de Productos y Control de Calidad del Departamento de Inspección y Vigilancia de Mercado.
La incautación está contenida en un informe de operativos efectuados de enero a diciembre del 2014 en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Francisco de Macorís, Barahona, Hato mayor, Santiago, la Vega, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Cotuí, La Romana, San José de Ocoa, Monte Plata, Jimaní, Samaná las Terrenas, San Cristóbal, Jarabacoa, entre otras.
Pro Consumidor informó en diciembre fueron visitados cuatro establecimientos para un retiro de 167 productos; En noviembre tres establecimientos comerciales para un decomiso 294 productos; En octubre se retiraron 14 mil 539 productos en 48 comercios.
En el mes de septiembre se decomisaron 13 mil 376 productos en 33 establecimientos; 28 mil 704 productos en 67 comercios para el mes de agosto; mientras que para julio 16 mil 943 productos fueron incautados en 37 establecimientos; En junio se decomisaron 17 mil 769 productos en noventa establecimientos; Para el mes mayo 23 mil 593 productos decomisados en 45 establecimientos; En abril de 39 establecimientos se retiraron 14 mil 630 productos.
Unos 47 mil 001 productos no aptos para el consumo fueron retirados en el mes de marzo en 50 establecimientos comerciales, registrando el mayor decomiso del año; En febrero 31 mil 634 productos retirados de 61 comercios y en el mes de enero quince establecimientos visitados para un decomiso de 7 mil 654 productos.
Estos productos eran vendidos con irregularidades por proveedores que, en violación a la Ley 358-05 de Protección a los Derechos del Consumidor y Usuario, ponían en riesgo la salud de la población.
