La Ley 42-08, denominada Ley General de Defensa de la Competencia, es uno de los instrumentos legales contemporáneos más cuestionados en círculos profesionales, criticado en la prensa y desconocida por la mayoría de la población.
Pocos conocedores cuestionan la validez de su objetivo en cuanto a su marco teórico, promulgado con el propósito de evitar los efectos nocivos del oligopolio, el monopolio y el abuso de un actor fundamental en la cadena empresarial, sea esta comercial o industrial.
Esta ley, promulgada el 16 de enero de l 2008, es uno de los instrumentos de política comercial e industrial menos conocidos en el ámbito empresarial, ya que desde su promulgación su visibilidad pública solo se realza cada vez que la prensa cuestiona su existencia, funcionamiento y composición.
Muy reciente, Pro Competencia, como se conoce de manera abreviada esta institución, celebró una especie de cumbre subregional con sus pares de la cuenca del Caribe, que incluyó una presentación donde su presidenta, que aparenta hacer las veces también de directora ejecutiva, presentó una exposición en defensa de su existencia y funcionamiento.
Lejos de aclarar el limbo jurídico que vive esa institución, donde se ha denunciado que miembros cesantes de su directorio desde abril del año antepasado aun cobran más de RD$415 mil mensuales, el evento antes mencionado sirvió como plataforma justificadora, procurando una especie de aval internacional a las tareas desplegadas por Pro-Competencia, con su presidenta a la cabeza, actuando simultáneamente como dirección ejecutiva y consejo directivo.
Esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia nació con un fallo estructural en su ley de origen, que requiere urgente atención y solución legislativa.
En un ejercicio impráctico, el Capítulo II del Título II de la Ley 42-08 establece una metodología de formación de su Consejo Directivo de la entidad que se ha traducido en el limbo jurídico actual, donde la mayoría de sus miembros están cesantes, pero se mantienen presentes.
