Ahora que buena parte de la opinión pública se ha volcado hacia el tema de seguridad ciudadana, nos interesa resaltar algunos aspectos para que el plan de seguridad que se ha propuesto oficialmente, sea integral, efectivo y a la larga con un acento mayor en lo preventivo.
Ya antes, habíamos hablado de que no puede haber paz ni seguridad ciudadana sin justicia social. Esa seguridad no es posible sin acciones eficaces que propendan a una nivelación socio-económica en el país, que tenga como centro la creación de empleos y el marcado mejoramiento de los sueldos.
Como sociólogo no me cabe duda de que en nuestro país habrá asaltantes y delincuentes mientras ellos y sus familias no tengan pan sobre la mesa.
Soy de opinión que al país y al Estado le sale menos costoso mejorar las condiciones de vida, de los que dan lugar a dolorosos crímenes, que el costo y el sufrimiento de los familiares de las víctimas, y el castigo para los victimarios y sus familiares.
En lo que se refiere a la reforma policial, debe quedar claro de una vez por toda, que la llamada depuración de la Policía Nacional (PN) tiene que comenzar por sus estamentos superiores y medios, donde se anidan los que ordenan a alistados y subalternos actuar contraviniendo principios y normas para derivar ingresos, y hacer ostentaciones que no podrían justificaren base a sus sueldos.
La depuración, si es depuración real, no puede hacerse siguiendo el clásico esquema de “romper la soga por lo más débil”. Esos que forman parte de la parte débil de la soga deben ser objeto de un notable aumento de salarios y de un proceso de concienciación cívica y moral.
Un plan integral de seguridad ciudadana debe, también, abarcar a nuestra Justicia. No descubro nada que no se sepa, si señalo que muchos delincuentes, narcotraficantes y asesinos andan sueltos operando en sus “negocios”, porque jueces, abogados y fiscales se prestan, a cambio de dinero o de bienes, para incurrir en cualquier “falencia” o falta procesal ocasionada de manera adrede, para que se declare inviable una detención o lanzar a las mazmorras a un grosero violador de la ley.
En lo que se refiere a la violencia y criminalidad, hablamos de la gran cantidad de armas ilegales que se deben incautar y a la existencia de armas “legales” muchas de las cuáles se han obtenido de manera “non santa”.
Es otro tanto lo que hay que decir de nuestros núcleos familiares, como instancias de aprendizaje de violencia, aquí y en otros países.
Un Plan de Seguridad de amplio plazo no puede, por tanto desdeñar su articulación. Hemos postulado la necesidad de una policía intensiva y avanzada tecnológicamente, una policía comunitaria.
Nos postulamos por acentuar su carácter preventivo, porque como dice Loic Wacquant, en “Cárceles de la Miseria”, el encarcelamiento es una “tremenda máquina de pauperización”.