Instancias del Gobierno Central acaban de depositar ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2019.
Un presupuesto mayor respecto al del año que transcurre. Sobre el mismo se destaca que el 45.6 % del gasto presupuestado se destinará a servicios sociales y que en él no se contempla ningún aumento de sueldos.
Los presupuestos de la nación pueden y deben ser instrumentos de desarrollo. Pueden y deben ser recursos para promover de manera focalizada el bienestar de los sectores más carenciados y oprimidos de la sociedad. Z.Bauman, en su libro “Ceguera moral”, sostiene que los Estados pueden legitimarse “mitigando” el alcance de la vulnerabilidad y “limitando los daños y los perjuicios perpetrados por el libre juego de las fuerzas del mercado” (2017, pág. 135).
Con ideas parecidas Wilheim Von Humboldt afirma que uno de los fines del Estado puede ser “fomentar la felicidad” o “simplemente evitar el mal de las personas” (“Los límites de la acción del Estado”, 2002, pág. 21).
En nuestro país, dar a conocer el aumento del presupuesto nacional y de los renglones relativos a los servicios sociales lleva enseguida a que surjan interrogantes como las siguientes: ¿qué medida se habrá tomado para asegurar la calidad del gasto?, ¿cómo se evitará el gasto ineficaz?, ¿qué tan transparente será el gasto público?
No pocos cuestionamientos se pueden hacer respecto a estos aumentos presupuestales si se toma en cuenta el cuadro dentro del que se producen: tomar sumas millonarias de dólares para financiar el presupuesto en medio de una deuda pública que ronda la mitad de nuestro producto bruto interno; hacer nuevos préstamos para supuestamente reducir el déficit fiscal.
En verdad, esto es difícil de entender. ¿O es que se trata de un presupuesto pensado para un año víspera de las elecciones nacionales? Algo que también llama la atención es que concebir una partida especial a los servicios sociales sin que se establezca un aumento de sueldo resulta inapropiado.
Somos un país en que ha crecido el costo de la vida por efecto del aumento de la prima de dólar (al 30 de septiembre de 2018 la compra de 1 dólar suponía pagar RD$49.77, en tanto que para la misma fecha del año 2017 el costo era RD$47.67), y por efecto de la subida del precio de los combustibles (al 1 de septiembre de 2017 el precio del galón de gasolina regular era RD$195.70, remontando a RD$230.70 en igual fecha de 2018, lo que significó un aumento de 35 pesos en apenas un año).
Ya es hora de que las autoridades hagan una responsable formulación y aplicación de nuestro presupuesto.
Una formulación para el bienestar de los más necesitados, una aplicación con calidad, eficacia y transparencia. Nuestro pueblo ha soportado mucho, no lo empujemos a caminos que luego haya que lamentar.
