La semana pasada el Poder Ejecutivo sometió al Congreso el proyecto de Presupuesto para 2015, por un monto global de unos RD$ 529 mil millones, equivalentes a un aumento del 5.5% con respecto al mismo presupuesto de 2014, y estimado como un 17.5% del PIB de 2015.
En otras palabras, un proyecto de presupuesto conservador, cuyo valor apenas supera la estimación de la inflación para el año entrante.
Pero resulta ser que desde que se depositó surgieron reclamos de parte de diferentes grupos quienes peticionan se les asigne una mayor cantidad de recursos, ya que consideran indispensable dichos fondos para una mejor educación superior, para impartir adecuadamente la justicia, o simplemente para la mejora de las condiciones de vida de la comunidad donde residen.
Aquí pues se presenta la eterna lucha entre si los recursos de la nación mejor sirven a la creación de infraestructuras públicas (ej. carreteras), o la creación de capital humano (ej. profesores). La lucha entre demandas sociales y particulares como las de percibir mayores ingresos, o demandas colectivas como los de más seguridad, salud y educación.
Estos enfrentamientos entre causas populares y la racionalidad económica definen claramente el proceso de determinación de hacia dónde debe dirigirse el gasto público, ya que entre el Congreso y el Poder Ejecutivo deben decidir si se mantiene la cautela y prudencia, como hasta ahora ha sido el caso, o si se accede a peticiones que provoquen simpatías.
La misma racionalidad económica debe subyacer atrás del endeudamiento público. Como ejemplo solo hay que ponderar si debemos endeudarnos para producir electricidad subsidiada, o endeudarnos para construir las soluciones al déficit eléctrico. No es lo mismo emitir deuda para pagar deudas, que emitir deuda para solventar gastos.
El proyecto de presupuesto no permitirá todas las soluciones a la vez. Permanezcamos racionales y que el bien común prevalezca sobre intereses de particulares.
