Presos dirigían un centro de llamadas clandestino que operaba desde la cárcel de Puerto Plata

Santo Domingo.– La Fiscalía de Puerto Plata desmanteló una red de estafadores que operaba desde el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe (CCR-1), a la que le fue impuesto de un año de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso en contra de cinco implicados.

Los acusados, identificados como Isidro Frica Santos, Alfonso María Paredes, Milandis Núñez, Mary Michelle Ulloa y Brailin Núñez, alías «El Mocho», enfrentan cargos por suplantación de identidad, estafa, chantaje y extorsión en línea.

Las indagaciones revelaron que los internos Isidro Frica Santos, Milandis Núñez y Alfonso María Paredes dirigían un centro de llamadas clandestino dentro del CCR-1.

Con celulares conectados a internet, realizaban estafas y obtenían dinero de sus víctimas, operando bajo una estructura organizada.

Gracias a la colaboración de la Dirección General de Prisiones, las autoridades intervinieron el módulo donde operaban los imputados y confiscaron dispositivos móviles utilizados en la comisión de los delitos.

Durante una requisa en el penal, el equipo de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) incautó varios teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, considerados herramientas clave en la red delictiva.

Según las investigaciones dirigidas por el procurador fiscal Warlyn Tavárez, de la Unidad de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el grupo utilizaba la identidad del coronel Aneurys Ruiz Álvarez, director del DICRIM en Puerto Plata, para engañar a sus víctimas a través de plataformas digitales y obtener fondos de manera fraudulenta.

Reclutamiento de colaboradores externos

Además de los reclusos, el grupo contaba con colaboradores externos como Mary Michelle Ulloa y Brailin Núñez. Su función era reclutar personas que recibirían los fondos ilícitos, facilitando la logística para blanquear el dinero obtenido mediante los engaños.

La procuradora fiscal Maribel Reynoso presentó pruebas ante el juez Romaldi Marcelino Henríquez, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, demostrando la participación de los acusados en hechos que violan la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Código Penal Dominicano y la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos.

Caso en desarrollo

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar otros posibles implicados en esta red de estafas que representa una amenaza para la seguridad y el orden público. Mientras tanto, los imputados cumplirán la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.