Finalmente se aprobó el Código Procesal Penal como era previsible. Pero esta aprobación nos guardó aún una sorpresa: se hizo sin incluir una vacancia legislativa que permita a los actores del sistema prepararse para su aplicación.
Las vacancias legislativas son un mecanismo usado en todas partes del mundo, incluyendo República Dominicana, cada vez que se hace un cambio importante en la legislación.
El motivo es evidente: obligar a todos los actores del sistema a cambiar de caballo a mitad del río en todos los casos es una receta para la confusión y el desorden.
Contrario a lo que opinan los opinantes de las redes sociales, leer una ley no es lo mismo que estudiarla, y estudiarla es necesario para aplicarla. Esto es particularmente cierto en los casos de normas procesales, que no se aplican en un momento único, sino en una sucesión de momentos.
El Código Procesal Penal promulgado el domingo es una sustitución completa del anterior, y ayer martes empezó a ser aplicado en el Distrito Nacional (hoy miércoles en el resto del país). Es absolutamente imposible que en menos de cuarenta y ocho horas los operadores del sistema (jueces, fiscales, abogados, personal de secretaría y de apoyo) puedan estar preparados para aplicarlo.
Para que se entienda bien, si su caso penal se reenvió del viernes para hoy, a usted le aplicarán una norma procesal distinta que nadie conocía en su versión final en la última audiencia de su caso.
Las cosas así no pueden salir bien, y esto está llamado a ser más nocivo en términos de seguridad jurídica que simplemente dejar que entrara en vigor el código viejo y tomarse el tiempo para consensuar uno nuevo.
Total, el mismo domingo de su promulgación ya había voces del oficialismo y la oposición diciendo que el mamotreto aprobado necesitaba de remedios urgentes, y que pondrían manos a la obra. Es lo que pasa cuando nos dejamos llevar de actores que lo que quieren es una ley a la medida de sus deficiencias.
Hay indicios de que esta misma semana se estaría promoviendo una vacancia legislativa por medio de una ley especial. Esa iniciativa es más que prudente, abre espacio para el verdadero consenso, y podría ser la tabla de salvación frente a la tempestad que nos espera si se intenta aplicar ese código sin que nadie tenga tiempo de prepararse.
