Bloomberg News.-Cuando las protestas contra la corrupción y fiscales abnegados contribuyeron a destituir al presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina y luego encarcelarlo la semana pasada, muchos latinoamericanos asintieron con un gesto de aprobación y no pocos de envidia.
Prácticamente, no pasa ningún ciclo noticioso en la región sin que algunos caciques políticos y sus amigotes sean capturados con las manos en la masa pública.
Un informe reciente de Global Financial Integrity vinculó a América Latina con casi un quinto de las salidas globales anuales de fondos ilícitos, por valor de 3,3 por ciento del PIB regional, desde 2003 hasta 2012.
Y sin embargo llevar a los dirigentes políticos latinoamericanos ante la justicia por trapicheo, coimas y sobornos es poco frecuente, y encerrarlos es algo casi inaudito.
México lo sabe de sobra.
El amiguismo y una cultura de impunidad, típicamente ocultos por una investigación poco convincente permiten prosperar las transacciones sospechosas en los cargos más altos.
México aparece constantemente en las encuestas como uno de los países más sucios de América Latina, ocupando un deslucido puesto 103 sobre 175 países en el último índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional –levemente por encima de Guatemala.
