Madrid.- Un grupo de magistrados y fiscales jubilados ha presentado una querella contra el rey emérito por delitos contra la Hacienda Pública que podrían haberse cometido en las declaraciones tributarias correspondientes a los años comprendidos entre el 2014 y el 2018.
Delitos contra la Hacienda Pública entre los años 2014 y 2018
La querella, a la que ha tenido acceso EFE, se interpone ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Considera que existen elementos suficientes para constatar la existencia de delitos contra la Hacienda Pública entre los años 2014 y 2018.
Los hechos denunciados se habrían cometido, presuntamente, después de la abdicación de Juan Carlos I. Ello supone la pérdida de la de inviolabilidad que le han otorgado los tribunales españoles al interpretar el texto constitucional.
Entre los querellantes figura José Antonio Martín Pallín, magistrado jubilado del Supremo. También fiscales anticorrupción retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, además de periodistas y filósofos.
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En contra del criterio de la Fiscalía del Supremo
El objeto de la querella se centra en la existencia de cinco delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por el rey emérito. Estima que los efectos de la regularización de la situación tributaria que se realizó en 2021 se han aplicado indebidamente.
“Con todo el respeto que nos merece la institución de la Fiscalía General del Estado, en la que está integrada la Fiscalía del Tribunal Supremo, disentimos de su dictamen que considera que la regularización se efectuó correctamente”, señalan.
Recuerda que en el sistema procesal, la opinión del Ministerio fiscal no cierra la vía para exigir responsabilidades penales ante los tribunales de Justicia mediante el ejercicio de la acción popular.
“Los órganos judiciales son los únicos competentes para determinar, con carácter definitivo, si la regularización es correcta o por el contrario, como sostenemos, no se ha ajustado la legalidad”.
Consideran que la regularización de más de 600.000 euros en un primer momento y posteriormente de otros 4,4 millones de euros no debió permitirse porque el rey emérito había recibido ya dos notificaciones previas y se le había ofrecido la posibilidad de personarse en el procedimiento.
