Claudio Caamaño Vélez.
En estos días, que estamos ante una inminente reforma constitucional, me gustaría hacer algunas reflexiones al respecto.
La Constitución dominicana le confiere a la Asamblea Nacional Revisora la facultad de conocer y decidir sobre las reformas constitucionales.
Este órgano no es más que el Senado y la Cámara de Diputados, juntos, donde los mismos congresistas se convierten en asambleístas revisores.
La Constitución es, en teoría, un marco regulador del poder político, estableciendo los límites de dicho poder, pero si es el mismo poder político quien la revisa, es difícil llevar a cabo modificaciones profundas en bien de la población. Pues, por regla general, los privilegios de los gobernantes son inversamente proporcionales a los derechos de los gobernados.
Para poner un ejemplo: con la revisión constitucional en manos de los congresistas, ¿qué posibilidad hay de reducir la cantidad de diputados o suprimir el Senado y tener un congreso unicameral?
Lo que voy a decir podría parecer una piedra tirada a la luna, pero por utópico que parezca, no dejo de soñar: modificar la Constitución para introducir la figura de la Asamblea Popular Constituyente, elegida por voto directo de la población, sin mediación de los partidos, para que luego sea ese órgano que se encargue de hacer la revisión integral de la Constitución. Esto no es nada nuevo, así se hace en muchos países.
Para hacer los verdaderos cambios que requiere nuestra Constitución sería bueno que la clase política entienda la importancia de establecer una Asamblea Popular Constituyente.
Pues la otra opción es esperar que la indignación acumulada estalle en una crisis que imponga esas transformaciones. Las sociedades evolucionan inevitablemente, por las buenas o por las malas.
