Este nuevo primero de mayo ha encontrado a la mayoría de trabajadores y empleados dominicanos, privados y públicos, civiles y militares, jóvenes y adultos, en medio de muchas precariedades, especialmente por los bajos ingresos que no alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar “y la escasez de circulante”, según señaló el dirigente empresarial Jorge Jerez.
El sueldo mínimo en RD debería ser ahora de, por lo menos, $25,000 por mes por dos razones básicas: (1) El costo de la canasta familiar para el quintil más pobre es de alrededor de RD$14,000 y de 18 mil para la siguiente quinta parte (20 %) de la población; es decir, que muchos no alcanzan esas cifras. ¡Ni los RD$10 mil que mencionó Danilo Medina demagógicamente!
(2) Además, RD$25,000 es la suma mínima que exigen los bancos y asociaciones de ahorros para conceder financiamientos a los asalariados que desean adquirir una vivienda económica en proyectos privados.
Esta es una reivindación propia de una parte importante de la población que debería estar al lado del cese de la corrupción y la impunidad en las marchas pendientes de este año y los sucesivos.
Ya es un lugar común en el debate público afirmar que la economía dominicana produce suficiente dinero para satisfacer estas aspiraciones de las personas que viven de sueldos y salarios, pero las riquezas producidas y las naturales están muy mal repartidas.
Se podría encontrar ese dinero, para redistribuirlo, eliminando los más de RD$200 mil millones que reciben los grandes empresarios en exoneraciones, en los exagerados sueldos, viáticos y otros ingresos de altos funcionarios, la excesiva e innecesaria burocracia y lo que se escapa por corrupción.
De esto último bastaría un ejemplo: solo para aprobar la ley de las primarias en el Congreso, dirigentes peledeístas dicen que hay “asignados” 800 (ochocientos) millones de pesos (ahí sobra circulante).
Estos RD$25,000 se podrían tomar como base para que los sueldos más altos del sector público se establezcan en base a un múltiplo de esa suma, es decir, por ejemplo, que el pago de las cabezas de los tres poderes del Estado fuera como máximo 10 o 12 salarios mínimos.
Y que sus otros ingresos (viáticos) no excedieran un 50 % de ese total, para comenzar a reducir la desigualdad social en el sector oficial, que influye a su vez en el privado. Y de ahí solo aumentar el sueldo mínimo…
Legisladores que dicen representar intereses populares podrían elaborar algún proyecto o actualizar una ley en este sentido, en vez de limitarse a las simples declaraciones de intención, asistir a concentraciones un primero de mayo o, peor, solo ocuparse de lo que interesa a los partidos políticos en tiempo de campaña y a sus candidaturas.
Por supuesto, hay otros problemas que afectan a personas de bajos ingresos, entre ellos el desempleo (especialmente entre jóvenes y mujeres), la estafa de la Ley de Seguridad Social, las múltiples dificultades de los pequeños y medianos empresarios cuyas soluciones se deben incorporar a las demandas en movilizaciones populares que se necesitan más que nunca y a las acciones de legisladores nacionales y municipales que deberían ser más efectivas.
