Desde la llegada a nuestra isla de los europeos, hace más de cinco siglos, la búsqueda de minerales ha motivado grandes inversiones, debates, conflictos y la transformación de recursos en fortunas.
Como país bendecido por una magnífica riqueza mineral, una acuciante pregunta sobre la urgencia por mayor progreso debe ser por qué no desarrollamos más nuestro inmenso potencial minero.
Del 2015 al 2020, el valor agregado acumulado del sector minero metálico —que excluye al enorme subsector del cemento, grava y gravilla, yeso, caliche y demás materiales de construcción— fue de RD$499,009 millones, equivalente al 13 % del PIB promedio ese quinquenio, según un estudio reciente de la consultora Analytica para la Cámara Minera Petrolera dominicana (CAMIPE).
El salario mensual promedio de las mineras metálicas, durante ese lustro, fue de RD$69,215.00 mientras en el resto de la economía formal fue de RD$20,958.00.
El fisco recibió, entre impuestos directos e indirectos e inducidos, RD$96,652 millones mientras las exenciones acumuladas fueron sólo RD$30,271 millones.
Desde hace décadas, no se ha producido ningún incidente grave por causa de la minería metálica que dañe al medio ambiente y la tasa de accidentes laborales es de las más bajas en toda América Latina. Además, los aportes socioeconómicos voluntarios de las mineras han sido notables.
Por qué, entonces…
Sin embargo, como muestra de dificultades quizás bastan los últimos días.
En La Vega, el domingo se “reactivó” un “comité de lucha” opuesto a la expansión de la extracción de ferroníquel por la empresa Falconbridge en Loma Miranda.
Los revoltosos, entre ellos sacerdotes católicos, alegan que esa explotación afectaría el nacimiento de varios ríos, pese a que estudios publicados demuestran lo contrario.
El precio internacional del níquel por tonelada métrica subió de US$9,160.00 en 2017 y US$11,850.00 en 2020 hasta US$32,607 este año 2022.
En Cotuí, hay similares protestas por parte de grupos comunitarios inconformes con las inversiones gubernamentales en la provincia Sánchez Ramírez, opuestos a la construcción de una presa de colas necesaria para alargar la vida de la mina de oro y plata de Barrick Pueblo Viejo.
El pasado año, aún en medio de la pandemia, el país exportó oro por valor de US$1,800.00 millones.
El oro es la principal exportación dominicana, totalizando US$3,040.58 millones el primer trimestre de 2022, según el Centro de Exportación e Inversión dominicano.
Las protestas, en gran parte motivadas por grupos medio ambientales infiltrados por políticos, han logrado retrasar el otorgamiento de los permisos de autorización definitiva para iniciar la construcción de la presa cerca de Cotuí, que “dependerá del resultado del estudio de impacto ambiental que deberá presentarse en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 64-00 y su normativa”, según dijo el Ministerio de Medio Ambiente pese al anuncio del presidente Abinader de que se construirá la necesaria obra en la provincia Sánchez Ramírez y no en otra.
En San Juan de la Maguana, otra compañía minera de oro ha padecido la indecisión gubernamental ante protestas comunitarias. Es GoldQuest, cuyo accionista principal es Agnico Eagle, empresa canadiense con seis décadas de operaciones. GoldQuest posee licencias aprobadas desde 2018 esperando aprobación del Poder Ejecutivo para desarrollar sus hallazgos de oro y cobre del 2012 en Romero y Tireo, y otra en Cachimbo.
La oposición a GoldQuest por ambientalistas se basa en alegatos de inconveniencia para la agricultura en el valle de San Juan de una mina subterránea cuya operación requeriría gran cantidad de agua para procesar los minerales extraídos.
El pasado viernes hubo en San Juan una marcha de dirigentes comunitarios opuestos a la operación de GoldQuest.
El país cuenta con experiencia en minería subterránea con la operación de la Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) que extrae cobre y zinc en la mina Cerro de Maimón en una concesión de 3,400 hectáreas. Es la primera minería metálica industrial subterránea certificada del país, con vida útil de operación proyectada hasta 2036.
¿Coincidencia?
Los movimientos anti-mineros en Cotuí, Bonao y LaVega, San Juan y otros lugares, hacen dudar que se trate de una rara coincidencia.
Con una inversión extranjera directa acumulada de US$3,855 millones en la década del 2010 al 2020, y las evidentes bondades socioeconómicas que significa la minería, las autoridades deberían poner más empeño en facilitar y promover el sano y pleno potencial minero de la República Dominicana.
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