Tres turistas fallecidas, más de veinte gravemente heridas o mutiladas, es el saldo del más reciente accidente de tránsito por imprudencia de conductores de grandes autobuses o camiones, esta vez en Bávaro.
La incesante repetición del drama termina por insensibilizar a la opinión pública, como si fuese normal que la República Dominicana encabece el ranking mundial de muertes por accidentes de tránsito, 67 por cada 100,000 habitantes, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Acostumbrados al horror, es fácil olvidar que cada accidente fatal destruye no sólo las vidas de las víctimas, sino que afecta irremediablemente a sus familias, en este más reciente caso las de Paola Medina, de Argentina; Karla Rodríguez, de Perú, y Valeria Victoria, de Chile, país de la mayoría de los heridos.
José Báez Guerrero
Aparte de las colisiones y volcaduras de grandes vehículos en las carreteras, casi siempre por imprudencias de los conductores, los otros más frecuentemente involucrados en accidentes fatales o con grandes pérdidas materiales son los motociclistas.
Los choferes de motocicletas, de autobuses y carros públicos, de camiones y otros equipos pesados, comparten un rasgo común: todos son “invisibles” para la Policía, sea de tránsito o regular, pues sus flagrantes ilicitudes e imprudencias raras veces son sancionadas ni perseguidas.
Mafias del transporte
La impunidad y reincidencia de estos choferes irresponsables tiene su origen en el poder político de los mal llamados sindicatos de transportistas de pasajeros o de carga, entre cuyos líderes dos de los más notorios por su desfachatada admisión de ser intocables son Antonio Marte, presidente de CONATRA, y Juan Hubieres, presidente de FENATRANO.
Hubieres intentó hacerse cineasta en la UASD. La política, el transporte y el sindicalismo lo condujeron a la política izquierdista, como diputado por Monte Plata. Preside su empresa Federación Nacional de Transportistas La Nueva Opción (FENATRANO), notoria por imponer el terror cada vez que las autoridades intentan establecer nuevas rutas en el gran Santo Domingo.
Su lema es “un golpe a uno, un golpe a todos”. Según Hubieres, durante los gobiernos del PLD fue detenido más de 400 veces, cifra a todas luces exagerada.
Marte, senador por Santiago Rodríguez del PRSC, recientemente amenazó al ministro de Turismo con “repartir palos”, como todo un capitoste. Es presidente de CONATRA, que agrupa 42 federaciones con 1,776 pseudo-sindicatos o empresas de transporte urbano, interurbano, taxis y turísticas, con más de 152,000 afiliados. Preside la cooperativa de choferes COOPNAEMTRA.
Está también FENATRADO, que agrupa a los transportistas de carga que han tratado de impedir la libre empresa y el libre tránsito alegando que son “dueños” de las entradas a los puertos marítimos, cuyos movimientos de cargas y furgones exigen con métodos violentos e ilegales sea total o parcialmente asignado a sus camiones.
Modus operandi
Aparte de la ilicitud y violencia, típica de mafiosos, en el manejo de sus negocios, estos pseudo-sindicatos y muchas de sus empresas se las arreglan para que los agentes de la Policía, del INTRANT u otras autoridades, nunca molesten ni detengan a sus afiliados, que en todas las carreteras del país conducen como amos y señores de las vías públicas.
Estos arreglos incluyen asignar abogados o realizar gestiones extrajudiciales necesarias para lograr impunidad o condenas leves para choferes involucrados en accidentes, incluso con muertos.
La impunidad de los pseudo-sindicatos no es sólo para grandes empresas de autobuses o camiones y cabezotes, sino también para los enjambres de motociclistas que pululan en zonas urbanas y que causan un alto porcentaje de los accidentes.
Maraña jurídica
Los mafiosos se benefician del enredo de la normativa sobre transporte y tránsito. Por ejemplo, la Ley No. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, del 21 de febrero del 2017, modificó o derogó 116 decretos y leyes, lo que ilustra la magnitud de la maraña jurídica.
Esa ley admite que el transporte terrestre de carga y pasajeros constituye “de los principales problemas económicos, sociales y de salud” del país y la necesidad de “corregir la multiplicidad de funciones de las instituciones del sector, que es un obstáculo para la planificación, organización, operación, y calidad de los servicios y su modernización”.
Un nuevo Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) quedó como organismo rector con personalidad jurídica y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Obras Públicas, pero cinco años en vigor de la Ley No. 63-17 no han bastado para ninguna mejora importante.
Soluciones
En redes sociales se atribuye a “mala educación” de conductores el caos del tránsito y los muchos accidentes fatales. Las estadísticas prueban que motoristas, conchos, guaguas y camiones de pseudo-sindicatos, y el pésimo trabajo de policías de tránsito, están presentes en casi todas las tragedias.
A los ciudadanos cumplidores de las leyes, la Policía los atosiga ante cualquier pequeñez mientras chatarras inservibles transitan sin problemas ni ser inspeccionados o detenidos.
Y seguirá pasando por la impunidad flagrante. La reforma policial requiere incluir la destrucción de estas mafias asesinas.
A menos que la sociedad asuma este grave problema igual a como el 4 % para la educación, o la lucha anticorrupción, y se movilice para exigir al gobierno enfrentar esas mafias, los Marte, Hubieres y compañía seguirán “arreglando” autoridades como reyes de calles y carreteras, en detrimento de vidas, el orden, la legalidad, los negocios incluido el turismo y la paz ciudadana.
