El Código Procesal Penal (CPP) es claro: cuando existe un daño directo producto de un hecho punible, la parte afectada tiene el derecho, y el deber jurídico, de constituirse en actor civil para buscar la reparación integral.
Esa es precisamente la base legal que ampara la decisión del presidente Luis Abinader de ordenar que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se constituya en actor civil en el caso Cobra, cuyo objetivo fundamental es recuperar hasta el último peso del patrimonio público presuntamente sustraído.
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Según lo establece el artículo 118 del CPP, “quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho punible debe constituirse en actor civil mediante demanda motivada. El actor civil interviene a través de un abogado y puede hacerse representar además por mandatario con poder especial”.
Esta figura permite que la víctima directa, en este caso, el Estado dominicano en representación de los afiliados de Senasa, participe formalmente en el proceso penal para exigir la reparación del daño económico causado por los actos de corrupción señalados por el Ministerio Público.
En el denominado caso Cobra, las irregularidades identificadas habrían perjudicado de manera directa los fondos destinados a garantizar la atención de salud de millones de afiliados. Por ello, la decisión presidencial busca asegurar que Senaas se presente ante el tribunal antes de que el Ministerio Público dicte el auto de apertura a juicio, tal como establece el artículo 121 del CPP, que regula el momento procesal oportuno para dicha constitución.
Conforme al marco legal, la demanda de constitución en actor civil debe cumplir requisitos estrictos: identificar al titular que reclama, señalar a los imputados, precisar el proceso penal al que se adhiere, exponer los motivos que sustentan la demanda y cuantificar el daño económico cuyo resarcimiento se solicita.
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