La reciente ola de apagones causa incontables pérdidas a la industria, el comercio y al fisco, siendo el mayor lisio del Gobierno, que luce empeñado en transformar el sector eléctrico para resolver de una vez por todas el eslabón material más débil de la economía: los problemas de muchas empresas eléctricas estatales.
El epicentro del fenómeno es la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), cuyo administrador es un político allegado al partido de Vincho Castillo y al expresidente Leonel Fernández, dos veces exjefe de la CDEEE en gobiernos anteriores, y empresario.
José Báez Guerrero
Catalina salió de servicio inesperadamente el 27 de marzo, por negligencia e incompetencia de inexperto personal que al encender la Unidad 1 incorrectamente generó un “golpe de arriete” que casi destruye una tubería impidiendo la generación de sus 376 MW brutos, según el reporte de avería mayor titulado “I&C 27-03-2022-Evento Tubería Vapor CRH U1”, en poder de las autoridades. Conocido como pulso de Zhukoswki (water hammer en inglés), es el principal causante de averías, cuando se cierra repentinamente una válvula o bomba ocasionando súbitos cambios de presión del agua.
Tras casi dos meses fuera de servicio, la administración de Catalina ha estado alegando que la causa de estar apagada es un mantenimiento programado, pero para mentir y comer pescado hace falta cuidado: a mediados de mayo la propia CTPC anunció que el “mantenimiento”, como designa la reparación, durará más de lo estimado culpando por ello “a la crisis en la cadena de suministro a nivel global”.
Otra mentira. Si fuese un mantenimiento programado, cualquier gerente medio con capacidad promedio habría dispuesto tener en almacén todo lo necesario semanas antes de la salida programada, como regularmente ocurre por ejemplo con otra empresa eléctrica estatal, la ETED, encargada de operar el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y la transmisión de energía.
Estas situaciones, como desabastecimiento de carbón y compras impugnadas en concursos cuestionados, pudieron evitarse si dentro del sector eléctrico no se aborta la intención del presidente Abinader de licitar el contrato de una empresa de calidad mundial para la operación y mantenimiento de Catalina.
Ese sabio propósito de Abinader, en su Decreto 536-20, fue impedido por la administración de CTPC, que en septiembre del 2020 canceló intempestivamente a los superintendentes de operación y mantenimiento, entrenados por los fabricantes de equipos y el consorcio constructor, para gestionar eficazmente procesos y tecnologías de la central.
El exadministrador de CTPC, Jaime Aristy Escuder, recomendó al gobierno que contrate provisionalmente a Tecnimont, empresa del consorcio constructor, encargada del arranque inicial de Catalina, para transferir conocimientos necesarios al equipo técnico actual y prevenir errores de operación.
Estimo que esa provisionalidad debe ser hasta licitar la operación y mantenimiento como dispuso el presidente Abinader en su incumplido Decreto 536-20, para salvaguardar un activo público que costó US$2,500 millones y genera 30% de la demanda eléctrica.
Aparte de flagrantes fallas, la administración de CTPC embarcó al gobierno en intentar un fideicomiso público dando un cheque en blanco a quien lo dirija, intención frenada por el escándalo y la oposición de casi toda la opinión pública. Otra vez debió Abinader rescatar a su funcionario, asegurando que Catalina no sería regalada al sector privado.
Es evidente que todos los hilos del actual impasse en el sector eléctrico conducen a un mismo epicentro, el único funcionario que alegó que el Pacto Eléctrico era innecesario; que en CDEEE, y ahora como segundo del Gabinete Eléctrico, disolvió los consejos directivos de las distribuidoras, lo cual antes o ahora no mejoró su gestión; que “culpa” a la Superintendencia de Electricidad por aplicar el desmonte del subsidio pactado y ordenado por el presidente.
Las burocracias enmarañadas generan conflictos de jerarquía, chismes y enredos por intereses raros. En cada uno de los casos indicados que han culminado en este mayúsculo fracaso en CTPC, que se le adjudica al presidente Abinader y no a un ineficaz y polémico funcionario, la simple y transparente aplicación de la ley y otras disposiciones legales, habría ahorrado al país muchos problemas y pérdidas. También ruidos mediáticos innecesarios políticamente.
El propio Gabinete Eléctrico observa cómo las maldiciones por los interminables apagones se le pegan al Gobierno y mientras tanto la prensa publica: “Los apagones son fruto de la improvisación y negligencia de los funcionarios del sector eléctrico, excluyendo a Celso Marranzini, afirmó el experto Bernardo Castellanos”. (Hoy, página 14, 19/5/22). Pero Punta Catalina está apagada.
Sigo leyendo: “este viernes 20 entrarán cuatro plantas privadas para suplir 410 megavatios, hasta que entren plantas fuera de servicio por mantenimiento y fallas no previstas”, dice el ministro de Energía, Antonio Almonte. Mantenimiento de plantas privadas, pero Punta Catalina apagada por “fallas no previstas”.
Leo más: “los apagones no se deben a deudas pendientes con las generadoras”, dice el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Catalina sigue apagada.
Prosigo: “los apagones que afectan al país no son culpa de las empresas distribuidoras”, dice el administrador de Edesur, Milton Morrison. Y Catalina apagada… Todos estos funcionarios (Castellanos no lo es) conocen la verdad.
La verdad simple es que una negligente operación improvisada dañó a CTPC el 27 de marzo. Las pérdidas directas por no generar pueden superar mucho más de US$20 millones. En vez de seguir culpando a gobiernos anteriores, el único “eficaz y preparado” funcionario eléctrico quizás debe renunciar, porque… ¡Catalina está dañada!
