Celedonio Jiménez
La mayoría de nuestra población, y sobre todo de nuestra juventud, tiene una actitud descreída sobre la justicia dominicana.
En los días en que explotó el caso Odebrecht, en intercambio con mis estudiantes de la UASD y del Instituto Superior “Pedro Francisco Bonó”, muchos de ellos me expresaban su incredulidad sobre la posibilidad de que se hiciera justicia real en ese expediente.
Yo intentaba que entendieran que era posible que un curso justiciero se impusiera respecto al caso, pero algunos de ellos rechazaban mi punto de vista llegando a contrarrestarlo porfiadamente diciéndome ¡cuánto quiere apostar!
La situación arriba expuesta es seria y preocupante, sobre todo tratándose de jóvenes. La idea de muchas personas es que en este país se puede hacer “de todo”, y si quien lo hace es perteneciente a las esferas del poder, no habrá ninguna consecuencia.
La impunidad y la falta de sanciones a los que violan las normativas más elementales, constituyen una invitación a delinquir, a los que no tienen la formación de lugar para entender que no sólo no se hace lo malo porque las normas o las leyes lo prohíben, o porque, desde el punto de vista utilitario no es conveniente, sino, y aunque a algunos pueda parecerles utópico, porque el bien se hace y se justifica por el bien mismo que supone.
Lo planteado pone sobre el tapete la alta responsabilidad que hoy contraen las figuras cimeras del Poder Ejecutivo, y de manera más específica las altas autoridades de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República.
En este país la impunidad no puede continuar, ni la inacción jurídica puede ser la respuesta frente a un conjunto de actos dentro de nuestra administración pública, que sacuden la conciencia nacional por su carácter grosero y bochornoso.
El caso Odebrecht, y dentro de él, “Punta Catalina”, tiene que recomenzar, recabando y reconstituyendo pruebas sólidas y fehacientes. Odebrecht y “Punta Catalina”, no son los únicos casos, y quién sabe si no son los peores, pero son los más sonados.
Esto obliga a una prioritaria atención. La salud en términos éticos y de valores de nuestra juventud, tiene que ser nutrida y protegida, máxime en momentos en que se hace una idea común en amplios conglomerados de nuestra población que para “ser” alguien hay que “tener”.
Deseamos, como la inmensa mayoría de la opinión pública, que se aplique la ley. Aplicarla sin retaliaciones pero con firmeza a todo el que la ha violentado, es una de las propiedades del Estado de derecho. A su vez, el Estado de derecho, junto a la justicia social, son requisitos para la cohesión y estabilidad social. Que se aplique, pues, la ley con la venda puesta, para el bien general, y principalmente, de nuestra juventud.
