La violencia que en la actualidad sobrecoge a la sociedad dominicana es el resultado de la imposición de la ley de la fuerza.
Esta imposición fue relevante en los períodos de la humanidad conocidos como Salvajismo y Barbarie. En tanto que la Civilización debería ser la era en que se impondría la fuerza de la ley.
La ley, las normas, la ética y la moral son factores que ayudan al mejor comportamiento humano, al autocontrol, a civilizarnos, a desanimalizarnos.
Un gran problema de nuestro país es el irrespeto a la ley o su no aplicación plena. Esto es una señal de atraso. El problema no es la no aplicación de la fuerza, es decir, la falta de lo que algunos nominan como “mano dura”. El mal está en la no aplicación de la ley igual para todos.
Durante el régimen de “mano dura” del tirano Trujillo no hubo una ley igual para todos, ni hubo una ley fundamentada en la justicia. La “ley” era aplicada a los adversarios de la dictadura, y aplicada con dureza para infelices hombres y mujeres del pueblo.
Los servidores del régimen no eran condenados en sus acciones ilegales y abusivas, salvo que con ellas afectaran intereses inmediatos del dictador o de sus familiares. Muchas veces esas acciones eran “dejadas pasar” para extorsionar luego a sus autores demandándoles lealtades y servicios extraordinarios.
En la “era” trujillista predominó la seguridad del garrote y del miedo, no siendo el respeto a la ley y al orden producto de una conciencia ciudadana. No puede ser expresión de verdadera conciencia ciudadana lo que está condicionado por el terror y la ignorancia.
Hoy tampoco en nuestro país se aplica plenamente la ley. No se aplica a los delincuentes mayores, aunque sí a los hombres y mujeres de a pies.
Vivimos una anomia social, porque donde se aplica la ley con discriminación o a conveniencia, hay un desorden social.
En un país en que la Constitución de la República es regla de juego en la que algunos de sus aspectos fundamentales se cambian a interés de los que sustentan el poder, es un país carente de integridad y cohesión social.
Muchos juristas nos vendieron la idea de que la Constitución aprobada el año 2010 era una Constitución enteramente democrática, plena de derecho y avanzada, pero esto quedó cuestionado por hechos como que la misma no viabilizó la independencia de los poderes públicos, y particularmente la referida a la relación del Ejecutivo y la Procuraduría General de la República. Su causalidad o razón final ha quedado evidenciada.
No nos llamemos a engaño, si queremos que nuestra sociedad avance hay que imponer la fuerza de la ley justa, en todo y para todos.
