Una de las grandes tentaciones en periodos electorales es acudir al populismo, tipificado por acciones destinadas a ganar la simpatía de la población, particularmente si esta posee derecho a voto, aun a costa de tomar medidas contrarias al estado democrático.
Esta definición es aplicable a las iniciativas legislativas que sin fundamentarse en estudios técnicos, o de las mismas opiniones del partido gobernante y sus acciones dirigidas por otras áreas, se intenta legislar en pro de simpatías que consecuentemente traen consigo votos.
Es así como vimos titulares en la prensa nacional anunciando la intención de rebajar el nivel de posibles ganancias de los administradores de fondos de pensiones, proponiéndose una modificación de la ley que las rige, la 87-01. Esta es una iniciativa que ya había surgido en el pasado reciente, pero que caducó en la cámara alta desde que los senadores apreciaron que el tema de fondos de pensiones es extremadamente delicado, de largo alcance y basado en una responsabilidad fiduciaria que no admite improvisaciones.
Cuando en su origen se estableció el concepto de comisión complementaria, o sea otorgar al administrador de los fondos de pensiones una porción del exceso de utilidades que logra obtener en beneficio de los futuros pensionados por encima de las posibilidades del mercado bancario, nunca se imaginó que nuestra economía sufriría las distorsiones que produjeron el salvamento bancario de la década pasada.
Este fenómeno permitió que las autoridades monetarias se vieron forzadas, en aras de la estabilidad monetaria, pagar extraordinarias tasas de interés que afortunadamente ya han comenzado a descender y continúan a la baja, reduciendo de manera sustancial los beneficios coyunturales que se derramaron sobre las AFP.
Actualmente tanto el sector gubernamental como el privado y el multilateral están envueltos en estudios técnicos tendientes a determinar las oportunidades de mejora de la ley 87-01, resultados que deben esperarse antes de emprender medidas populistas
