La mala práctica de algunos agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de colocar estupefacientes a los jóvenes de nuestros barrios tiene sus bemoles, no es la primera vez. Esto se ha convertido en un hábito de los llamados a salvaguardar nuestra seguridad en materia de narcóticos y sustancias prohibidas.
Los que venimos del barrio allá parte atrás, también somos víctimas del propio sistema de corrupción e impunidad, el mismo que crea una situación común, pero que en este caso perjudica una sola clase, de modo que se incurre en violaciones de derechos y las señales que da la autoridad no son claras en nuestra sociedad, por el contrario son instituciones con unos estilos “chapuceros”.
Esta praxis ha perjudicado miles de jóvenes huérfanos de abolengo y “padrinos” donde el microtráfico, el crimen organizado y la delincuencia es una red de mucho dinero y poder.
El caso de Villa Vásquez lo conocimos gracias a las cámaras de seguridad de esa peluquería, pero pude imaginar el amigo lector cuántos casos se han dado en lugares donde no existen estos dispositivos.
Es evidente que la confianza en estas instituciones queda más que entre dicho con estos tipos de acciones vergonzosas.
Conocido es el hecho que al activista social “El Peregrino de Moca”, Juan Dionicio Comprés (Juanchy), a quien un agente policial le colocó 52 gramos de cocaína en su carro, hace un año, denunció que uno de dos agentes policiales que habrían sido sorprendidos en un presunto atraco, fue quien le plantó la falsa prueba de droga.
En estos momentos de ira e indignación, qué pueden decir las autoridades después de hacer daños a la institucionalidad, la juventud del país, donde el Ministerio Público actuó a fines con la criminalidad y donde se supone se debe combatir.
El rechazo y la condena a este tipo de actos y violación de procedimientos deben ser de toda la sociedad dominicana.