Rafael Chaljub Mejìa
Un amigo entrañable quería alquilar un apartamento para mudarse a vivir con su familia. Lo acompañé a una oficina de abogados a discutir los términos del alquiler.
Un apartamento modesto. Treinta mil pesos mensuales. Las primeras exigencias fueron hechas en tono de ultimátum.
Dos meses de depósito y treinta y tres mil más para los gastos legales. Mi amigo preguntó por esos gastos legales, una recepcionista se volvió casi tartamuda y dio unas explicaciones que ni el interesado ni yo las comprendimos.
Mi estimado amigo no tuvo de otra que aceptar la imposición, aunque nunca alcanzará a saber cuáles son esas supuestas diligencias legales que cuestan más de treinta mil pesos.
Un fiador solidario. Aquí lo traigo, dijo el futuro inquilino y lo señaló allí mismo. La recepcionista dijo que le daría curso a la solicitud y luego avisaría de los resultados. Pero que tanto el solicitante como el fiador tenían que ser sometidos a una depuración, que esa depuración había que pagarla aparte porque no se incluía en el pago por concepto de los famosos gastos legales, sino que fiador y solicitante debían pagar cuatrocientos pesos más cada uno.
La gente de la oficina, todas mujeres, volvió a la carga. Informaron que había otra cláusula según la cual cuando el contrato por un año se venciera, el precio del alquiler contemplaba un aumento automático de diez por ciento. Cada garrotazo así, dejaba a mi amigo del alma más aplastado y confundido, hasta que vino un nuevo golpe.
Si se muda antes del año, pierde los dos meses de depósito, sin decirle a cuáles bolsillos irían a parar esos sesenta mil pesos.
Mi amigo solicitante tuvo que tragarse su inconformidad y firmar su propia sentencia.
El déficit de viviendas que parece que nunca podrá ser superado en nuestro país, le provoca tales apremios a quien no tiene techo propio, hasta el punto de que se ve obligado a someterse a negocios tan onerosos como este que les he contado.
No se cómo aquí no ha surgido un movimiento social serio y con credibilidad que asuma la defensa de los inquilinos y enfrente todo esto. Mientras tanto, me gustaría que Pro Consumidor, los Derechos Humanos, la Justicia, que por lo menos alguien nos hable con franqueza y nos diga cuál es el nombre de este tipo de negocio y cómo se llaman quienes lo han implantado aprovechándose de los apremios de la gente.
