Celedonio Jiménez
La decisión de algunos senadores y diputados recién elegidos, de renunciar al privilegio del “barrilito”, “cofrecito” y a otras canonjías, expresan una postura ética que tiene que ser continuada y extendida a otros planos de nuestro desenvolvimiento estatal.
A ese respecto el próximo gobierno debe ser receptivo al clamor que demanda eliminar una serie de privilegios injustificables que sobrecogen la conciencia nacional. Como por ejemplo, el que otorga la ley 16-06 al Presidente de la República para asignar pensiones vitalicias y hereditarias a figuras (o a sus viudas o viudos) debido a sus elevadas funciones políticas, pero que no aportaron para ello a ningún fondo.
En el mismo sentido es reprochable e inexcusable la existencia de millonarias pensiones percibidas por exfuncionarios públicos que han desplegado una labor por apenas 4, 5 o 6 años.
Gran irritación ocasiona asimismo, la existencia de sueldos estratosféricos, para algunos funcionarios que llegan a ganar más que el Presidente de la República, en un país en que los trabajadores deben llevar a cabo, año por año, largas discusiones para la obtención de un salario mínimo que en la mayoría de los casos no permite solventar lo relativo a la canasta familiar.
El país también espera el abordaje de la disposición del expresidente de la República, Dr. Leonel Fernández, en el 2005, mediante el que se otorgó al grupo Vicini un área estimada en 495,211 metros, en Santo Domingo Este, sin que los beneficiados tuvieran que efectuar pago en efectivo, sino saldar con obras la mayoría de las cuales no han sido hechas.
Es obvio que lo que hasta aquí hemos dicho constituye apenas elementos de un gigantesco iceberg. En el país hay un rosario de “entuertos” que deben ser deshechos. Entre ellos, uno muy importante, el caso Odebrecht, en cuyo expediente, como todo el mundo sabe, no están todos los que son. Hoy la mayoría de la población quiere decisiones, no quiere ni se conforma con una mera crítica ética a los que se han apropiado indebidamente de fondos públicos o que han sido favorecidos de una u otra forma con los mismos.
La mayoría de la gente quiere una sanción moral y judicial que suponga la devolución de lo esquilmado al Estado. Sólo esta devolución y determinadas medidas que se tomen para modificar algunas de las estructuras excluyentes reinantes en el país, podrán alivianar el alud de problemas sociales y económicos que tenemos y que nos amenazan con venir.
Hay que ordenar la casa. Hay que actuar contra todo el daño ocasionado por el presidencialismo, el nepotismo, el patrimonialismo, la corrupción, las “disposiciones discrecionales”, el clientelismo, etc. Hay que actuar, porque la gente tiene la percepción de que si no se actúa, no es por compasión o generosidad, sino porque, una vez se tenga la oportunidad, se hará lo mismo.
