Una de las razones por la creciente indignación popular contra la corrupción e impunidad es el exhibicionismo consumista de políticos cuya fortuna es sabido no heredaron ni cuyo ejercicio profesional, laboral o comercial justifica su estación socioeconómica.
¿Cómo es posible que cualquier político profesional, dedicado principalmente a la brega partidista, pueda desfachatadamente darse lujos conspicuos que muchos ricos no se atreven a incurrir? Tenemos muchísimos ejemplos de políticos, funcionarios actuales o pasados o activistas de oposición, con fortunas asombrosas e injustificables.
Gente para quienes “trabajar” no significa producir algún bien o servicio, operar un negocio legítimo legalmente ni dedicarse a nada socialmente útil que pueda explicarse en otro sitio que no sea un confesionario o un banquillo judicial.
Ahora que la DGII luce empeñada en perseguir presuntos evasores, ¿por qué buscar sólo entre empresarios? Sería magnífico lograr condenaciones ejemplares en casos que puedan juzgarse correctamente, pero si la Justicia funcionara idealmente, no sería difícil complacer el sueño de muchos políticos: que se les reconozca como “empresarios”, ¡pero también evasores de impuestos!
