Las políticas públicas en su contexto del desarrollo teórico han forjado un amplio número, por demás, considerable de definiciones o conceptos, pero todas con un denominador común que las unifica: la idea de una acción del gobierno para corregir el malestar o problemas públicos concretos.
En tal sentido, se interpreta que las políticas públicas son compromisos del gobierno con objetivos de beneficio público que surgen de decisiones apoyadas en un proceso de diagnóstico y análisis de perspectiva, para la atención efectiva de dificultades públicas específicas, en donde se recoja las aspiraciones de los ciudadanos en el esclarecimiento de problemas y soluciones.
Bajo tal enfoque, las políticas públicas, en tanto y cuanto, están orientadas a enfrentar el malestar económico y social predominante han de reflejar las acciones, proyectos y decisiones estratégicas que son diseñadas y ejecutadas por el gobierno.
Pues para satisfacer problemas públicos específicos y compensar las insuficiencias sociales con carácter de sensatez, estas se han de materializar a través de leyes, regulaciones, programas y presupuestos que procuran mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar de manera frecuente.
A la Luz de la razón, las políticas públicas para su efectividad y credibilidad deben incluir el sentir de los ciudadanos, en particular, los que son afectados por el malestar público en el diseño de política pública, tales como una obra de infraestructura, una planta de energía, ampliación de la vía publica, entre otros.
Y es que recoger el sentir de los afectados y expresarlo en las acciones a ejecutar, otorga legitimidad a la misma y aprueba que la sociedad esté incluida y sea participante en la solución de los problemas públicos.
En el contexto planteado, se puede arribar a la conclusión de que las políticas públicas son ejercicios que permiten optimizar el desempeño gubernamental, tanto a lo interno como a lo externo del aparato estatal, siempre que se considere el interés público, la efectividad, la racionalidad y la inclusión.
Y es que tales inferencias han de lograrse a través del racional uso de los recursos públicos, la focalización de la gestión gubernamental y la incorporación de la participación de las organizaciones políticas, las organizaciones sociales y la vigilancia sistemática de la opinión pública razonable.
Y es que resulta relevante la incidencia política, en el sentido de que puede ser entendida como el proceso mediante el cual la ciudadanía, los actores sociales, económicos e institucionales, participan e influyen en la definición, gestión y control de políticas públicas generales o sectoriales, en los ámbitos local, nacional e internacional.
Esta participación o influencia implica crear, modificar, hacer cumplir y/o derogar políticas públicas que no se ajustan a las necesidades de la sociedad y su efectividad sugiere alinearla a la realidad y el contexto que predomina.
En un panorama y contexto de tensiones geopolíticas y tensiones internas, las políticas publicas juegan un rol fundamental, en el cual el gobierno ha de diseñar estrategias orientadas a gestionar conflictos, crisis y polarización de carácter social.
Esto sugiere que el gobierno al poner en marcha una política pública determinada ha de ser prudente, equilibrado, preservar la gobernabilidad al responder a las demandas de la sociedad, lo que obliga a negociar de manera inteligente, priorizando los recursos restringidos y someterse a las limitaciones presupuestarias.
Son multifactoriales las razones por las cuales fracasan las políticas públicas a escala global, sin embargo, existe un denominador común en dicho fracaso y es la ausencia frecuente de los diagnósticos errados, las debilidades institucionales, la improvisación y el cortoplacismo político del gobierno.
En adición, por lo general a nivel gubernamental se suele apelar a políticas públicas reactivas como respuesta inmediata a un malestar, sin un análisis profundo del problema, sin entender con claridad qué se quiere resolver, sin evaluar el contexto real, lo que tiende a trastornarse y desviarse del objetivo original de la política publica
Sobre el autor
Economista-Abogado
Máster y Doctorado en economía
Catedrático de la UASD
