Raddamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. Foto: Pablo Matos
La pandemia de la COVID -19 ha generado fuertes impactos, sociales, de salud, económicos… en toda la sociedad dominicana. Pero, son las personas más vulnerables quienes han cargado con las peores consecuencias. Uno de estos sectores prácticamente ignorado es la población que sufre adicciones. Esta población solo es visibilizada cuando alguna tragedia les envuelve. El drama cíclico de las intoxicaciones y muertes por consumos de alcohol adulterado es una muestra de que las políticas preventivas en la República Dominicana siguen siendo una quimera.
La pandemia ha cambiado para mal en el tema de los consumos de drogas en nuestro país. El miedo, las preocupaciones, el estrés, generan respuestas de ansiedad e incluso conductas depresivas. En estas circunstancias personas desorientadas utilizan los consumos de drogas como una forma de afrontamiento. Esto se convierte en un círculo vicioso que puede conducir a más y mayores problemas. Diversos profesionales de la salud han advertido respecto a las consecuencias que esta nueva realidad trae para la salud mental de las personas. La OMS también ha alertado respecto a las repercusiones sociales. El sistema de salud de nuestro país, necesita fortalecerse para enfrentar esta situación de emergencia.
Las organizaciones sociales que trabajan en la prevención y tratamiento de las adicciones también han sido impactadas negativamente en este tiempo de pandemia. Sufriendo crecientes limitaciones económicas, reciben demandas que sobrepasan sus capacidades. Todos sabemos que la carencia de recursos ha sido el “Talón de Aquiles” de las organizaciones sociales que prestan servicios de prevención y tratamiento de las adicciones. Agravado hoy como consecuencias del cese de las donaciones privadas, para muchas la fuente principal de sus ingresos económicos. Pero también por la inexplicable indiferencia de las autoridades.
En el año 2007 las organizaciones, que trabajan en la prevención y tratamiento de las adicciones reconocidas por las autoridades empezaron a recibir un alivio periódico, expresado en la entrega del 15% de los recursos generados en la aplicación de la ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La distribución de estos recursos fue fluida e ininterrumpida hasta el año 2016, con un promedio de poco más de tres entregas por año. En el año 2017, no se hizo ninguna distribución. En el 2018, luego de insistencias en contactos directos, y llamados por medios de comunicación, se realizó una. En 2019, también solo una vez, siendo la más reciente.
Esto nos dice que ha cambiado el partido en el gobierno, pero no la sensibilidad de los gobernantes al problema de las drogas en nuestro país. Del nuevo gobierno se han recibido promesas de apoyo, que deseamos creer que se puedan concretar. Hemos tomado contacto con las nuevas autoridades urgiéndoles a retomar la entrega de los recursos del 15%, como establece la ley 155-17. Nos encontramos en una larga espera de respuesta. Las autoridades no parecen entender que las personas que usan drogas son sujetos de derechos, que tienen en las organizaciones sociales su principal apoyo para luchar con sus problemas. Pero es una obligación de Estado atender a estas personas que están entre las más vulnerables. Seguimos esperando una valoración acorde con el trabajo que realizamos en beneficio de la sociedad.
En nuestro país priorizar la prevención y tratamiento de las adicciones sigue siendo una agenda pendiente. Desde Casa Abierta estamos en apertura para aportar en el diseño de una nueva política sobre drogas. Nuestra apuesta siempre ha sido que República Dominicana cuente con una política sobre drogas centrada en las personas, la ciencia, la salud, y los derechos. Este es el camino que otras naciones están trillando con resultados muy positivos.
Llamamos nueva vez a las autoridades a responder frente a esta necesidad social y aportar los recursos para que estas organizaciones continúen desempeñando su responsabilidad social. Dejar en el olvido el apoyo de estas organizaciones, la mayoría de las cuales hoy se mantienen funcionando precariamente, es agravar la situación de indefensión de las personas que necesitan su apoyo. Es de justicia retomar la distribución de los recursos del 15%, como establece la ley 155-17. Estos son de vital importancia para el servicio que ofrecen estas organizaciones a la población dominicana.
