En los últimos días está en los oídos de todos los problemas de la administración de justicia penal, la corrupción de los funcionarios judiciales. Otrora era la impunidad de los funcionarios públicos y políticos dirigentes de la malograda nación dominicana.

No vamos a destacar nada más, porque como país civilizado, hemos faltado a la política criminal que es menester aplicar.

Por años se ha dicho que es necesidad la institucionalización del crimen y de nuevas formas de criminalidad, ya que de ello derivan proporcionalmente el buen funcionamiento de la administración de la justicia y se tiene conciencia de los cambios que demanda la política criminal del país.

Nadie está en capacidad de valorar los pasos en que está realizando el Estado en la consolidación de una política criminal; lo ideal sería reconocer que actividades como la docencia, investigación, asesoría técnica y difusión serviría para que dicha política criminal evolucione de simples actividades a una política pública concreta. Pero no ha sido así. La política criminal no es una ciencia, sino un método inherente al Estado mismo.

La queja nuestra –que también es la de todos–, es que siendo la política criminal y el sistema penal dos entidades al parecer distintas, están obligadas a actuar en forma mancomunada, coordinada, y no creer que la lucha contra el delito puede lograrse proponiendo remedios oportunos, como los que ahora nos acarrean los hechos de corrupción de los políticos.

Por años se ha insistido en nuestras leyes penales, pero no siguiendo una escuela de pensamiento, una constitución pragmática de defensa social. Si nos preguntamos por los componentes orgánicos de la administración de justicia (el proceso penal, la administración y la ejecución de la pena) es notorio que falta legislación, organismos especializados y la reforma de los mismos.

La Policía Nacional y ahora la Judicatura es el mejor ejemplo de que la política criminal nacional está fraccionada, agregando el grado de rivalidad con el Ministerio Público, la total desconfianza hacia los jueces. ¿Qué es lo que vamos a hacer para cambiar este estado de situación? Siempre es razonable aprovechar los pocos resultados que la experiencia nos ha ofrecido.

Hay dos caminos, entonces, para tomar: podemos seguir equivocándonos creando leyes especiales que, en realidad, protegen a o dan protección a los infractores de la ley penal; o, por el contrario, asumimos la necesidad de evaluar, revisar, nuestra política criminal, a fin de dar la oportunidad a expertos de la ONU, en el campo de la planificación de fórmulas o proyectos coordinados (no separados ni antagónicos) para alcanzar en el ámbito legislativo y ejecutivo nuevos resultados.

El momento es oportuno para el cambio, pues, hay una crisis en la administración de justicia penal que ya no puede eludirse. Si la desconfianza judicial continúa y el desorden social se propaga, pronto seremos victimas de terrorismo y de nuevas formas de la criminalidad organizada.