Poder Judicial busca proteger datos personales de implicados en procesos

Poder Judicial busca proteger datos personales de implicados en procesos

Poder Judicial busca proteger datos personales de implicados en procesos

Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) lanza política de protección de datos para resguardar información. Archivo

Santo Domingo.-El Poder Judicial procura salvaguardar las informaciones personales de los implicados en un proceso contenido en las decisiones emitidas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y los demás tribunales del país, mediante la aplicación de políticas de protección de datos.

Esto, tras su lanzamiento en un acto encabezado por el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, quien expresó que con la aplicación de estas políticas se busca proteger el derecho a la intimidad y a la información personal prescindible en las decisiones jurisdiccionales, sin menoscabar el derecho de defensa, la información y la transparencia.

Indica que la implementación de la política de protección de datos es fundamental para garantizar que la innovación y la digitalización no se convierta en amenazas para los derechos fundamentales de las personas implicadas en un proceso, sino que sea una herramienta para reforzar un Estado de derecho.

La política de protección de datos del Poder Judicial establece los criterios para proceder a la disociación o anonimización de datos personales en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que vayan a ser objeto de publicación.

Así como los documentos que sean objeto de publicación o acceso por parte de terceros o de los involucrados en el proceso; promoviéndose como guía extensible a los actos jurisdiccionales del resto de juzgados y tribunales del país, tomando en cuenta la necesidad de reducir el uso de datos personales prescindibles en las decisiones judiciales.

En tanto que el juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niña y adolescente de La Vega, Bernabel Moricete, explicó que, con la política de protección de datos, se busca que, desde la formación del expediente judicial, se tenga cuidado de que los documentos que salen al público estén debidamente protegidos.

Y que se lleve un tipo de tratamiento de los datos personales de las partes del proceso queden protegidos y no queden publicados.

Con esto se busca crear mecanismos contra esa vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que están obligadas a dar su información ante los tribunales y no se vean posteriormente perjudicadas con ese proceso de captación de los datos personales para proteger sus derechos.

Que esos documentos sólo sean utilizados durante la tramitación del procedimiento hasta que se dicte una decisión y que resuelva el caso que se esté juzgando.

Como en los casos que involucran a menores de edad, que la ley protege omitir sus datos personales, la política de proteger las información de la madre, del padre, su dirección o cualquier elemento que permita esa identificación.
Los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobaron la medida hace algunos meses.

Luego, dieron un plazo para que los departamentos técnicos la implementaran, y con su lanzamiento, se ordenó su aplicación inmediata.

Sustentación

—1— Legislación
Se debe respetar el derecho del honor, la dignidad y la moral de las personas.
—2— Constitucional
El tratamiento de los datos personales y bienes busca respeto de principio constitucional.
—3— Parientes
Garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar y domicilio del individuo.

El primer documento garantiza información
Instrumento. El primer objeto de la política de protección de datos es establecer las reglas para proceder a mantener en el anonimato los datos considerados personales en el ámbito judicial.

Con ese plan la Suprema busca establecer la posibilidad de aplicar esta política antes de dictar la decisión judicial correspondiente, garantizando en todo momento la tutela judicial efectiva para las partes.

Así, será el órgano judicial quien decida qué datos personales pueden ser excluidos del acto jurisdiccional.
La aplicación de esta política tiene como destinatarios todos los órganos jurisdiccionales del país.