Durante los primeros tres meses del año 2025, el Poder Ejecutivo otorgó 82,842 pensiones especiales a dominicanos, con un desembolso total que supera los RD$2,450 millones, según el más reciente informe publicado por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN).
El informe desglosa los datos por mes, mostrando una distribución constante tanto en la cantidad de pensiones como en los montos asignados.
Muestra que en enero, se concedieron 27,444 pensiones, que representaron un gasto de RD$811,219,193.23, con una pensión promedio mensual de RD$29,559.07.
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En cambio, en febrero, la cifra aumentó ligeramente a 27,635 pensiones, por un valor de RD$817,828,963.60. La pensión promedio en ese mes fue de RD$29,593.96.
Finalmente, en marzo se aprobaron 27,763 pensiones, con un monto total de RD$821,637,270.67 y una pensión promedio de RD$29,594.68.
El informe de la Sipen establece que estas pensiones están amparadas bajo la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 128.
Doble vía para pensionarse
Mientras miles de servidores públicos deben esperar hasta año y medio —o más— para acceder a su pensión por el sistema tradicional, las pensiones especiales concedidas por el Poder Ejecutivo se otorgan sin mayores obstáculos y pueden hacerse efectivas en apenas tres meses.
Así lo explicó Luis Holguín Veras, coordinador del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (Mopesep), quien además, detalló que las pensiones especiales—también conocidas como pensiones por gracia— no requieren trámites complejos ni evaluación técnica previa.
Destacó que una vez emitido el decreto presidencial que las otorga, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) dispone de hasta tres meses para hacerla efectiva.
Según el dirigente, el único factor que incide en la rapidez del proceso es el nivel de cercanía del beneficiario con el presidente de la República o con funcionarios de alto nivel.
“Esto hace que el acceso a estas pensiones sea percibido como un beneficio político o discrecional, más que como un derecho adquirido por años de servicio”, aclaró a El Día.
En contraste, expresó que los servidores públicos afiliados al sistema de Reparto deben enfrentar una tramitación prolongada y compleja, que puede extenderse entre seis meses y un año, o incluso más de año y medio en algunos casos.
Dijo que el proceso se vuelve aún más lento y difícil cuando se trata de empleados públicos que tienen derecho a pensión por Reparto pero están afiliados a una AFP. En estos casos, el procedimiento incluye los siguientes pasos:
1. Presentar una solicitud ante la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), con todas las certificaciones laborales.
2. Esperar la evaluación por parte de la Comisión Interinstitucional Evaluadora de Traspasos.
3. Gestionar la transferencia de los fondos acumulados en la AFP hacia el sistema de Reparto.
4. Realizar una nueva solicitud ante la DGJP, incluyendo de nuevo las certificaciones.
5. Esperar la evaluación interna y la solicitud del decreto presidencial que autorice la pensión.
6. Esperar la emisión del decreto.
7. Finalmente, esperar a que la DGJP informe que la pensión puede ser firmada y activada.
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