Celedonio Jiménez
Cuando la vicepresidenta de la República, Dra. Margarita Cedeño, informó sobre el inicio de la aplicación del “Programa Quédate en Casa”, a propósito de la incidencia del covid-19, señaló que en ese momento el programa se aplicaba sobre 1.5 millones de hogares del país, (5 millones 250 mil dominicanos si calculamos 3.5 habitantes por hogar) con condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
En la misma información se establecía, que no se había cubierto un 20% de hogares en iguales condiciones. Esta aplicación, señaló la Vicepresidenta entonces, tenía como punto de referencia el registro de los hogares pobres y en vulnerabilidad plasmado en el “último” Estudio Socioeconómico de Hogares realizado por el Sistema Unico de Beneficiarios (Siuben) en los años 2018 y 2019.
A partir de esta información, es fácil derivar que en la Republica Dominicana, la población pobre y vulnerable, excede al 60% de nuestra totalidad poblacional. Hay que anotar, más aún, que en los actuales momentos el porcentaje señalado en el párrafo anterior de seguro ha sido rebasado como resultado de los tremendos efectos económicos, sociales y sanitarios de la pandemia.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha aseverado que la pandemia elevará la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe, al tiempo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que hay que prepararse “para lo peor”.
Todo lo anterior nos lleva a plantear que el próximo gobierno se enfrentará a una situación social en que hay una obvia mayoría poblacional pobre, en pobreza crítica y en vulnerabilidad. Se enfrenta, diferente a lo que se dijo meses pasados, a una sociedad en que la mayoría no es de clase media, y en que abundan las barriadas con carencias extremas.
El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se enfrentará a una economía con alta deuda externa, pero también con una deuda social acumulada que no aguanta más. Si bien en las actuales circunstancias reconocemos no pueden desaparecer las ayudas asistenciales, se debe entender que las mismas, ni la tarjeta “doble” son la solución. Nada de creer que mientras más usuarios de tarjetas hay, mayor es la eficacia social gubernamental.
Vivimos en tiempos de rupturas. De rupturas que propendan a una más justa y racional distribución del ingreso, mediante empleos, y que modifiquen una estructura impositiva cuyo peso mayor descansa en impuestos indirectos. Esto y más es necesario si deseamos acercarnos a ser una sociedad digna, garante de los derechos humanos básicos.
Sin desconocer el momento, creemos que en la República Dominicana se hacen imprescindibles disposiciones contra las estructuras excluyentes reinantes, a fin de dar paso a una economía y sociedad más humana y equitativa. El PRM sabe si puede. Esperamos que las fuerzas políticas, los sectores y las personas más progresistas del próximo gobierno, sean audaces y responsables empujando en esa dirección.
