Para encarar en República Dominicana el problema de la falta de identidad, que es común a los países latinoamericanos y más agudo en Haití, la Junta Central Electoral (JCE) ha firmado acuerdos de cooperación tanto con organismos internacionales como con algunas ONG.
En ese marco, se implementó con la Unicef un proyecto de declaraciones tardías. Su evaluación de medio término en 2012, fue necesaria, con todos los actores implicados, para corregir fallas.
A finales de 2013, aún seguían sin acta de nacimiento en los centros educativos 91,000 niños, de los cuales unos 24,000 son considerados como haitianos. Un problema pendiente.
Lo expuesto permite analizar los resultados preliminares del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) cuyo plazo para la naturalización expiró este 1 de febrero con menos de 10,000 inscritos por un total de entre 60,000 y 100,000 personas.
Aparentemente se partió de dos supuestos falsos para establecer los plazos: que los dominicanos de origen haitiano excluidos por la ley 169/14 irían en masa a hacerse haitianos; que les sería fácil a todos probar su derecho constitucional a la nacionalidad haitiana.
Se sabe que número indeterminado de los inscritos obtuvo documentos falsos o se benefició de procedimientos irregulares de los “buscones” que pululan alrededor de la oficina del PIDIH. Una investigación seria lo puede probar.
Nadie puede negar los esfuerzos de las autoridades dominicanas para la implementación del PNRE. Sin embargo, falto quizás el elemento básico: comprometer formalmente al gobierno haitiano a través de un acuerdo de cooperación.
Debió ser un objetivo del más alto interés dominicano por una razón, si se quiere, hasta de “seguridad nacional”, porque se trata de inmigrantes, como los dominicanos en el exterior, que no tienen en sus planos inmediatos volver a su país. En este caso la problemática toca mayormente a República Dominicana que Haití.
De hecho, la lentitud del registro civil y de la emisión de pasaportes para los expatriados haitianos no era desconocida. No obstante, para un programa de la envergadura del PRNE que abarca además de los candidatos a la naturalización, más de 452,000 inmigrantes, el gobierno dominicano decidió emprenderlo sin un protocolo de entendimiento bilateral.
Desde luego, la presión de los grupos ultranacionalistas que rechazaron años atrás el mecanismo más idóneo de una “amnistía migratoria”, obligó a descartar todas las facilidades que pudieran ayudar a una mejor ejecución. Entre otros: proporcionar locales a la parte haitiana o tener oficinas yuxtapuestas; obviar la obligación inmediata del pasaporte como se acordó con la intermediación de la OEA.
Fue una gestión, en ciertos aspectos, más política que técnica. Se prefirió llevar el asunto a la ONU en vez de discutirlo con la contraparte haitiana en el marco del diálogo de alto nivel bilateral.
Hasta ahora El PNRE ha logrado un promedio mensual de 18,714, por un total de 131 mil inmigrantes inscritos hasta finales de enero de 2015. Imposible alcanzar los 321,000 restantes para finales de junio. ¿Qué hacer?
Respecto al Programa de Identificación y de Documentación de los Inmigrantes Haitianos (PIDIH) que el gobierno pasado usó más para fines propagandísticos, tan solo tiene inscritas unas 35,000 personas con menos de 2,000 pasaportes entregados. Un promedio mensual de 400, pese a percibir 35 millones de pesos. Una vergüenza. ¿Cómo resolver?
Ahora, la situación se complica con los problemas políticos en Haití. La instalación de un nuevo gobierno que por su composición no responde a las expectativas de los grupos más radicales no ha frenado las protestas ni los llamados a huelgas.
Del lado dominicano, paralelo al “fervor patriótico” que promueve un enfrentamiento entre dominicanos y haitianos, operativos de repatriaciones militarizadas se han registrado en violación a la ley y la autoridad civil. Nadie sabe quién las autoriza.
Dos alternativas ya se han planteado. Para la naturalización, el proceso legal normal. Para los inmigrantes, una visa de no residente de dos años.
Estas y otras deberían ser analizadas en una evaluación de medio término del PNRE con todos los actores interesados a nivel local e internacional, incluyendo la parte haitiana, para redirigir el Plan.
El éxito o el fracaso del Plan dependerá del número de regularizados. Por ahora, se consta que los enjutos resultados preliminares eran previsibles.
